El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa está vinculado penalmente por la Corte Nacional de Justicia de su país al secuestro del ex legislador opositor Fernando Balda, ocurrido en 2013 en Colombia, por lo cual se dispuso su presencia cada 15 días ante ese organismo judicial. La Fiscalía de Ecuador encontró “suficientes elementos para solicitar la vinculación del ex presidente”. Muchas de las evidencias fueron extraídas de declaraciones de ex funcionarios que “señalan de dónde provinieron las órdenes para el cometimiento del presunto delito de secuestro en caso Balda”.
En base a las evidencias, la jueza nacional Daniella Camacho dispuso la audiencia de vinculación que se realizó luego de que la Asamblea Nacional declarara improcedente un pedido de autorización para involucrar al ex gobernante en el proceso. Además de la vinculación, la sala ordenó la presentación periódica de Correa ante la Corte Nacional cada 15 días, a partir del 2 de julio, cosa que no cumplió. De esta forma, la justicia ecuatoriana ordenó el 3 de julio la prisión preventiva para el ex presidente, que tiene su residencia actual en Bélgica, de donde es oriunda su esposa Anne Malherbe.
Abogado y activista político, Balda denunció casos de corrupción en contra del Gobierno y de algunos funcionarios, lo que fue replicado con acciones judiciales. Balda también estuvo relacionado con la fundación Internacionalismo Democrático, encabezada por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, una de las razones por la que pasó a vivir en ese país.
En agosto de 2012, Balda fue sujeto de un secuestro por horas en Bogotá, en el marco del cual fue golpeado, amenazado de muerte y luego arrojado a la vía pública. Un taxista de la capital colombiana se percató del hecho y presentó la denuncia ante la Policía, lo que permitió la captura de los secuestradores -tres hombres y una mujer colombianos-, quienes fueron detenidos y ahora cumplen una sentencia por el secuestro.
Balda fue retenido por horas hasta que fue empujado a la calle. El ex asambleísta ecuatoriano se encontraba en Bogotá para evadir una condena por injurias en un proceso que le inició el ex mandatario ecuatoriano. En la investigación se determinó que los plagiadores actuaron en complicidad con agentes ecuatorianos de la Senain, organismo presidencial, y que sus operaciones habían sido autorizadas y financiadas desde la Presidencia de Ecuador, que ejercía entonces Correa.
Balda residía en Bogotá desde 2009, para evitar la condena en un proceso penal que le instauró el ex presidente Correa por injurias calumniosas graves y por atentar contra la seguridad del Estado. El Gobierno intentó en un primer momento proceder a su deportación, lo que no fue posible porque el político ecuatoriano vivía legalmente en Colombia y luego presuntamente se planeó llevarlo a la fuerza mediante secuestro.
LA DEFENSA
Correa es el más alto funcionario en ser vinculado a este caso, por el que también hay tres agentes de inteligencia y un excomandante de la policía detenidos. El exgobernante, quien se mudó a Bélgica en 2017 tras una década en el poder, denuncia una "persecución política y judicial", en medio del duro enfrentamiento que libra con su sucesor y exaliado, Lenín Moreno. Además, pesa una orden de prisión y un pedido de extradición sobre un exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia que está en España.
En su primera declaración voluntaria, Correa negó en Bruselas conocer a los policías implicados en el caso.
El exmandatario ha expresado en su cuenta de Twitter que "todo es un vulgar montaje" y que "JAMÁS podrán mostrar una sola prueba" de su participación en la organización del secuestro. Tras conocerse el fallo de la CNJ, el expresidente tildó de "grave atropello a la justicia" y sus derechos la decisión de la jueza Daniella Camacho. "Yo estoy bien. No se preocupen. Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así JAMÁS prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica", escribió Correa en Twitter.
LAS OPCIONES DE CORREA
El "caso Balda" todavía se encuentra en etapa de instrucción fiscal, por lo que queda la posibilidad de que el expresidente sea sobreseído antes de que la Corte Nacional de Justicia llame a juicio. Para que pueda ser enjuiciado, Correa deberá estar en Ecuador, porque el secuestro es un delito por el cual la ley ecuatoriana impide el proceso en ausencia. Si no es detenido o no se presenta al eventual juicio, el proceso quedará en suspenso y prescribiría en seis años.
La defensa de Correa aún puede pedir la sustitución o revocatoria de la prisión preventiva. Sin embargo, el expresidente ya incumplió la disposición de presentarse periódicamente ante la autoridad en Quito. "Veo poco probable que la medida sea revocada, pero jurídicamente tiene todavía esa alternativa", dijo el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, catedrático de la privada Universidad Católica del Ecuador. Correa también ha anticipado la posibilidad de solicitar asilo en Bélgica y, para eso, "debería demostrar que se trata de un perseguido político y cumplir los requisitos que Bélgica imponga para el efecto", expresó Guerrero.
