En medio de duras críticas, la controvertida Ley de Memoria Histórica con la cual el gobierno español busca resarcir a las miles de víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco, superó ayer su primer trámite parlamentario.
Mientras que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero defendió la iniciativa como un acto de justicia, sus socios parlamentarios solicitaron sustanciales mejoras por considerarla insuficiente.
Desde la tribuna, miembros de asociaciones antifranquistas y de perseguidos por la dictadura siguieron el debate. Este sector expresó su confianza en que salga adelante la iniciativa, que a comienzos del año 2007 pasará a ser discutido en comisión parlamentaria.
"Lejos de escribirse contra nadie, esta ley pretende hacer justicia", manifestó en el debate la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El punto más polémico del proyecto es la anulación de las condenas impuestas en los juicios celebrados durante la dictadura del general Francisco Franco, durante la cual se calcula que hasta 100.000 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes.
Mientras que el gobierno busca que esa anulación sea sólo simbólica y "moral", es decir, que no tenga valor ni efecto jurídico retroactivo, partidos opositores exigen que los juicios y las sentencias de la época de Franco sean derogadas del todo.
Así lo piden también las asociaciones de víctimas del franquismo o incluso Amnistía Internacional, argumentando que, de no ser así, el resultado sería una " ley de punto final" que garantizará la impunidad de los verdugos de entonces.
"Esta ley es una humillación a las víctimas", criticó en el debate el portavoz del partido opositor Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tard, quien acusó al Ejecutivo de haber "sucumbido" a las presiones de las "altas esferas" de las fuerzas armadas y la judicatura.
En este sentido, consideró "indignante" que desde la justicia española se haya actuado contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, y que esa misma judicatura haya apelado a la "seguridad jurídica" para no anular los juicios celebrados durante el franquismo.
La iniciativa incluye además ayuda a los familiares y allegados para localizar y recuperar los restos de aquellos que en su día fueron asesinados y enterrados en las muchas fosas comunes que todavía existen en toda España..L a ley también establece la retirada de símbolos y monumentos franquistas en organismos públicos estatales.
Fuente: DPA