Dicen que la política es el arte de lo posible. Y habrá que creérselo. Mañana se cumplen dos meses de la moción de censura que mandó a Mariano Rajoy a su escritorio de registrador de la propiedad, en Santa Pola (Alicante). A tan solo sesenta días de su despido, el viejo líder conservador al lado de su joven sucesor, Pablo Casado, podría incluso confundirse con un moderado político democristiano. Sobre todo en estos días en los que el nuevo presidente del Partido Popular (PP) endureció su discurso - incluso falseando los datos - en una cuestión tan dramática como la llegada de inmigrantes a las costas españolas, fenómeno que se repite cada verano.
Declaraciones en las que aboga por "la defensa de las fronteras" y alerta del "efecto llamada", además de prometer "defender a las fuerzas de seguridad de las propias autoridades", en lugar de acercarlo a Emmanuel Macron o Angela Merkel, dirigentes que abrazan el neoliberalismo, pero cuidadosos de no añadir más combustible a la ya caliente realidad europea, o incluso al socialista portugués António Costa, lo empareja con líderes como el polaco Jaroslaw Kaczynski, el húngaro Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen o a la nueva estrella de la derecha xenófoba europea, el italiano Matteo Salvini.
Ciudadanos, el antecedente
La historia, que en ocasiones es muy cruel, cuenta que este giro de Casado al extremo más alejado de la derecha no es el primer caso en España, aunque sí el puramente ideológico. Veamos.
Según el medio digital Público, empresarios vinculados a los servicios de inteligencia de Estados Unidos financiaron a Ciudadanos, el partido de Albert Rivera - formación y líder aupados por el establishment económico español y los grandes medios impresos - para convertir al partido catalán en la marca española de la ultra conservadora "Libertas" para las elecciones europeas de 2009. Público afirma que entre dos y tres millones de euros el magnate inglés de origen irlandés, Declean James Ganley, aportó para que Rivera aceptase vender su marca Ciudadanos a la operación electoral "Libertas", diseñada y puesta en marcha por un lobby anti europeísta, compuesto en su mayoría por organizaciones de extrema derecha y ultra católicas. De acuerdo a Público, el objetivo oculto de esta "operación Libertas" liderada por Ganley y otros era persistir en su intención de acabar definitivamente con el Tratado de Lisboa desde dentro de las instituciones de la Unión Europea. Pero la aventura terminó mal. La marca Libertas/Ciudadanos fue un fracaso electoral: apenas obtuvo un 0,18% de los votos. Y nada se sabe sobre adónde fue a parar y en qué se gastó Rivera esa millonada de los contratistas militares. Pecado, por cierto, del que hoy nadie habla.
Meteduras de pata políticas aparte, es cierto también que el discurso de racismo y xenofobia está calando muy fuerte en Europa de la mano de la gran recesión (sus efectos sobre los más desfavorecidos aún no desaparecieron) y la crisis migratoria. El periodista Iñigo Domínguez pone los datos sobre la mesa. Recuerda, en un artículo publicado en El País, que en 2005 los partidos de extrema derecha en Europa solo sumaban nueve millones de votos, hoy son 28 millones. En Hungría y Polonia, sigue, gobiernan, superan el 40%. Mientras que en Suiza es el primer partido. Domínguez destaca que estos partidos están ya en los Parlamentos de 18 países y en Alemania una formación ultraderechista entró en el Bundestag por primera vez con 92 escaños de 709. A la lista debe agregarse República Checa, Eslovaquia y Austria.
Así, mientras la xenofobia y el fantasma de la inmigración recorre a gran parte de Europa, la gran pregunta es si España, como ya lo hizo Italia, terminará sumándose al club de la intolerancia. El progresivo giro hacia posturas de derecha de la sociedad parece no estar en duda. El punto es si este movimiento alcanza para abandonar el centro político, indispensable en la cultura española para ganar elecciones. Si Casado acierta en el pronóstico de que la derechización alcanzará a España su apuesta puede ser la ganadora. En caso contrario, asistiremos a su suicidio político.