"Tengo la conciencia tranquila", dijo el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en un receso del juicio oral que enfrenta por el presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Asegura que es víctima de una "persecución política" y cuestionó la acusación por basarse, según él, en el testimonio de “sólo un colaborador”.
El expresidente tenía derecho a guardar silencio, aunque ya había anticipado que respondería “sin ningún problema” a las preguntas del tribunal.
Este lunes comenzó una nueva etapa del juicio, centrada en los procesados. Allí, el primero en declarar fue el teniente coronel Mauro Cid, el que fue mano derecha de Bolsonaro, quien reafirmó que existía un plan para activar un estado de sitio y convocar a nuevas elecciones tras los comicios de 2022.
Según su testimonio, Bolsonaro "recibió y leyó" un documento elaborado por sus asesores, que proponía la detención de autoridades y la creación de un nuevo consejo electoral para repetir las elecciones ganadas por Lula. Incluso afirmó que el expresidente "ajustó" el texto para que "sólo usted quedara preso", en referencia al juez Alexandre de Moraes.
Al escuchar esa frase, el expresidente soltó una risa en la sala, lo que dio pie a una ironía del juez, quien respondió: "las demás autoridades habrían sido beneficiadas por un habeas corpus".
Cid también declaró que el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente, le entregó dinero escondido en una caja de vino. Según la Policía Federal, esa suma estaba destinada a financiar una operación militar secreta para asesinar a Lula, al propio Moraes y al vicepresidente Geraldo Alckmin.
El líder de la derecha brasileña, Jair Bolsonaro, está actualmente inhabilitado para competir en las elecciones de 2026 y enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión. A principios de febrero, la Fiscalía General lo acusó formalmente por delitos como intento de golpe de Estado, organización criminal armada y otros delitos. También tiene prohibido ocupar cargos públicos hasta 2030 tras cuestionar sin pruebas el sistema de votación electrónica.
A más de 80 testigos se los convocó, entre ellos altos mandos militares, exministros, policías y funcionarios de inteligencia, citados tanto por la acusación como por las defensas. Los interrogatorios a los acusados comenzaron este lunes y se harán de forma presencial hasta el 13 de junio, al término de dos semanas de audiencias de testigos.
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