La Corte Suprema de Justicia de Brasil está analizando el polémico tema de la regulación de redes sociales, un fallo que sentaría precedentes en un país con un alto porcentaje de usuarios de estas plataformas.
La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien está enfrascado en una áspera pelea con los sectores afines al expresidente Jair Bolsonaro, quienes utilizan las redes para presionar al gobierno.
El actual mandatario brasileño encontró un fiel aliado en esta batalla en los miembros de la Corte Suprema, quienes también tienen una gran enemistad con el dirigente de ultraderecha.
El miércoles pasado, el máximo tribunal retomó un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un pionero proceso en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Su fallo es relevante porque establecerá doctrina en este escabroso tema.
Ya hay un par de países que están en esa línea, aunque con gobiernos autocráticos. Se trata de la Venezuela de Nicolás Maduro y de la Nicaragua de Daniel Ortega.
El caso de Brasil. Tras varios meses de pausa, la Corte volvió a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la Corte a Jair Bolsonaro y excolaboradores suyos, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra Lula.
De acuerdo a la Fiscalía, los supuestos golpistas utilizaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
Por eso ahora el debate en el Máximo Tribunal es definir de qué manera las redes pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos de manera espontánea, sin necesidad de intervención judicial.
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas apenas son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron se pronunciaron por adjudicarles una mayor responsabilidad a esas empresas y, por lo tanto, permitir la aplicación de sanciones.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil. Por eso hay tanta expectativa sobre el fallo.
La oposición considera que la reglamentación judicial implica un acto de censura en las redes sociales, cuyo espíritu intrínseco es opinar libremente.
El presidente Lula da Silva viene fogoneando un fallo que determine sanciones. El martes dijo que “se debe acelerar la reglamentación” de las plataformas.”No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (por Bolsonaro) y diga que eso es libertad de expresión”, afirmó.
La pelea con Musk. Brasil ya ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando un juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas al combate de la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un enfrentamiento con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días de suspensión y millonarias multas, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
Interviene EE.UU. En esta controversia apareció otro jugador de peso, el gobierno del conservador Donal Trump, quien se opone a una reglamentación sobre las plataformas. No es algo casual, sino que tiene que ver con el respaldo del mandatario republicano al expresidente Jair Bolsonaro y sus posturas políticas.
La Casa Blanca ya anticipó que está estudiando posibles sanciones contra el juez De Moraes, por “perseguir” a Bolsonaro.
Moraes, el magistrado brasileño de más alto perfil, encabeza el juicio contra Bolsonaro, acusado de urdir un complot para aferrarse al poder tras perder las elecciones ante Lula en 2022.
El magistrado brasileño también es blanco del gobierno de Trump por sus decisiones sobre regulación de las plataformas digitales.
Washington anunció que denegará visas a funcionarios extranjeros que “censuren” publicaciones estadounidenses en las redes sociales.
“Que quede claro: ningún enemigo de la libertad de expresión de los estadounidenses será perdonado”, escribió en X la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
