La ofensiva del gobierno de Donald Trump sobre el de Nicolás Maduro en Venezuela dividió como nunca a los países y gobiernos de América Latina. Y la división no es solo ideológica, sino particularmente estratégica.
Mientras unos ven en la intervención estadounidense una oportunidad para eliminar un foco autocrático en la región que genera una grave inestabilidad migratoria, otros ven una amenaza al principio de soberanía que podría desestabilizar a todo el continente.
La región se encuentra hoy más fragmentada que nunca, oscilando entre la “diplomacia del garrote” y el llamado urgente a una paz negociada que parece cada vez más lejana.
La crisis terminó por debilitar los ya frágiles mecanismos de integración. Organizaciones como la OEA han perdido relevancia frente a la diplomacia bilateral o de pequeños grupos. La falta de un consenso regional deja a Latinoamérica vulnerable a decisiones tomadas en Washington, reduciendo su capacidad de influir en el resultado del conflicto.
Hay tres bloques bien definidos. Uno es de resistencia y está compuesto por Cuba y Nicaragua. El segundo comprende a los gobiernos de derecha y centroderecha que respaldan la narrativa de seguridad de Trump frente a la dictadura de Maduro. El tercero, integrado por Brasil, México y Colombia, sigue buscando una salida negociada.
En este final de año, la relación entre EE.UU. y Venezuela alcanzó un punto crítico, con un Trump que sigue concentrando su flota en el Caribe con la amenaza de que va a atacar territorio venezolano, aunque nunca lo termine de concretar. También endureció sus sanciones económicas contra el país caribeño, justificadas bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles, que según Washington es encabezado por Maduro y su cúpula.
Esta postura forzó a las naciones latinoamericanas a abandonar la ambigüedad, revelando una región profundamente dividida en tres bloques claros.
Eje bolivariano. Liderado por Venezuela, Cuba y Nicaragua, este bloque califica las acciones estadounidenses como una “ofensiva imperialista” y una violación directa a la soberanía nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció el despliegue de buques de guerra como un acto de piratería internacional. En este contexto, Venezuela ha solicitado formalmente a sus vecinos la creación de un “ejército multinacional” para defender la región, una propuesta que, aunque ambiciosa, refleja el nivel de alarma en Caracas.
Aliados de Washington. Países con gobiernos de derecha y centroderecha han respaldado la narrativa de seguridad de EE.UU. Ecuador y Paraguay han sido los primeros en alinearse formalmente con Washington, declarando al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Argentina se ha mantenido como un aliado ideológico clave de Trump, validando las medidas coercitivas y el uso de la fuerza disuasoria en el Caribe.
Guyana y Trinidad y Tobago apoyan con matices las medidas de seguridad debido a sus propios conflictos territoriales (Esequibo) y preocupaciones sobre el flujo de armas y drogas.
Mediadores. El grupo de México, Brasil y Colombia, que representa las economías más grandes de la región, busca una “tercera vía” para evitar una guerra abierta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura firme de no intervención y autodeterminación. Criticó la inacción de la ONU y propone una solución pacífica basada en el diálogo.
“Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes una solución pacífica y que no haya intervención” estadounidense en Venezuela, afirmó la mandataria este jueves.
Sheinbaum insistió en que el tema central de esta crisis es “el intervencionismo y el injerencismo”, que supondría el estallido de un conflicto entre ambas naciones. “Hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa y tienen que participar todas las partes”, agregó.
El presidente brasileño, Lula da Silva, expresó su “profunda preocupación” por el despliegue militar, advirtiendo que “una guerra ahora no tiene sentido”. Lula aboga por el diálogo diplomático para prevenir un escenario similar al de Ucrania en suelo americano.
Lula indicó que podría volver a llamar al presidente estadounidense antes de Navidad y reforzar su planteo, para obtener “un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida”. “Brasil tiene mucha responsabilidad en América del Sur. Estoy a disposición tanto de Venezuela como de EE.UU. para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente”, dijo.
El colombiano Gustavo Petro ha sido más directo en su rechazo a la narrativa de EE.UU., calificando la existencia del Cartel de los Soles como una “excusa” para derrocar gobiernos y señalando que la militarización no resolverá el problema estructural del narcotráfico. También se ofreció a mediar.
La división se acentúa por la definición del problema. Para el bloque alineado con EE.UU., Venezuela es un “narco-Estado” que amenaza la estabilidad regional. Para el bloque mediador y el eje bolivariano, el foco en el narcotráfico es un pretexto para el control de recursos estratégicos y el restablecimiento de la Doctrina Monroe.
