martes 27 de septiembre de 2022
INTERNACIONAL Derechos humanos

Experto argentino de la ONU fija reglas para la “justicia transicional”

El profesor Fabián Salvioli es “Relator especial” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y pone bajo la lupa del organismo el pasado colonial o neocolonial de los Estados, los conflictos armados, las instituciones religiosas, organizaciones del sector privado, mercenarios, empresas, bandas criminales, militares y hasta de guerrilleros.

17-09-2022 15:14

El profesor argentino Fabián Salvioli es “Relator especial” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, y expuso en Ginebra los principios que deben observar los “grupos armados no estales y las empresas”, extendiéndose al “sector privado”, en países donde se cometieron “graves abusos de los derechos humanos” cuando “intervinieran directa o indirectamente”.

El informe y las recomendaciones debatidas, exacerbó recriminaciones entre gobiernos sobre “paramilitares” que hoy, o en el pasado, han protagonizado enfrentamientos, como los que sucedieran en la “guerra de los Balcanes” entre serbios, croatas y musulmanes, los que atizan ahora las disputas entre Armenia y Azerbaijan por el Alto Karabagh, o nutriendo denuncias contra el grupo “Wagner”, en la invasión rusa a Ucrania.

Palacio de la ONU, en Ginebra.

 

Salvioli advirtió “que las distinciones entre actores estatales o no estatales pueden ser poco claras”, y que los Estados suelen “utilizar” esos grupos “como agentes indirectos para cometer violaciones de los derechos humanos”. Al “mirar hacia otro lado” y “no actuar con la debida diligencia”, los gobiernos pueden encubrir o disimular la “aquiescencia” del Estado en dichas violaciones, ante lo cual el Relator reivindicó investigaciones “a fondo”.

Añadió que “en los procesos de justicia de transición, incluidos los que entrañan la participación de grupos armados no estatales” los Estados “deben estar centrados en la víctimas y asegurar el derecho de estas a la justicia, el establecimiento de la verdad y la reparación”, sin desdeñar que “no se debe ejercer presión sobre” ellas “para que colaboren con la justicia … en aras de la reconciliación o de objetivos sociales más amplios”.

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“Los aspectos de genero deben ser tenidos en cuenta en todas las etapas de la justicia de transición, desde el inicio hasta la ejecución y el análisis posterior”, subrayó el Relator Salvioli, velando que se reconozca “el componente de género de los daños causados, incluidos” los llevados a cabo por grupos “no estatales”, o “mercenarios”. Pidió “que las desigualdades no se perpetúen”, debiendo eliminarse “las barreras a la participación y atendiendo las necesidades específicas de género”.

Para Salvioli la implicación de “corporaciones y empresas” en la “justicia transicional” consiste en “abordar” las responsabilidades que les quepan “en infracciones graves de los derechos humanos y disponer” que los Estados tengan “facultades jurídicas y de recursos para desempeñar esta tarea y lograr la participación de las empresas en los procesos”, de modo que asuman las eventuales “malas practicas” que hayan desempeñado.

El Relator anticipó la utilidad de las “comisiones de la verdad”, para encomendarles “abordar” tales responsabilidades (directas o indirectas), “así como las estructuras y los actores que las han permitido, quienes se han beneficiado con ellas, además de formular recomendaciones para la participación de las empresas a la hora de remediar los daños”, extendiéndose al “sector privado”, y sin otorgar “inmunidad” ante obligaciones “jurídicas”.

Para los “grupos armados no estatales y los ex combatientes” Salvioli exigió “la obligación  jurídica, política y moral de colaborar con los procesos de búsqueda de la verdad relativos a su participación en el pasado” en torno a “violaciones del derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos”. Dispuso que si “facilitan información están expuestas a ser enjuiciadas posteriormente, deberán ser informadas de los riesgos”, y tendrán que “tomar una decisión fundamentada acerca de si cooperan o no”. Los ex-combatientes deben saber que pueden ser considerados “como culpables o como víctimas”.

En referencia a la “rendición de cuentas, los grupos armados no estatales son responsables ante la ley por las acciones de sus miembros”, sostuvo el Relator. “Pueden ser enjuiciados”, cuyos lideres “tienen una responsabilidad jurídica”, susceptibles que se les exija “rendir cuentas por la conducta de sus subordinados y también deben poder ser enjuiciados”. Ello no quita que se les conceda “amnistía o inmunidad condicionales a cambio del esclarecimiento de la verdad”.

ONU

Sin embargo “esos procesos no serán aplicables a crímenes internacionales ni a violaciones de los derechos humanos”, y serán validos solo para “casos concretos y no a categorías de culpables. Del mismo modo, otros obstáculos de procedimiento a la responsabilidad jurídica, como las normas relativas a la prescripción, no son aplicables a estos crímenes”. A su vez, “los códigos de conducta” de estos grupos, “pueden proporcionar un marco útil para alentar la colaboración con la justicia de transición”, pormenorizó Salvioli.

Para “preservar la memoria”, el Relator alentó a los “grupos armados no estatales y a sus afiliados a entablar un diálogo con el Estado y con organizaciones de la sociedad civil y siempre que sea posible con las organizaciones de las víctimas, sobre la forma en que pueden conmemorar respetuosamente su propio pasado al tiempo que respetan los sentimientos de las víctimas en formas que no impidan la paz y la reconciliación”.

Salvioli propuso que estos actores “también deberían participar en procesos de preservación de la memoria impulsados por el Estado o por la sociedad civil con el objetivo de restablecer la dignidad de las víctimas y de transmitir a las generaciones presentes y futuras relatos completos y veraces de la violencia del pasado a fin de fomentar la paz, la coexistencia y la no repetición”.

El Relator concluyó que si “los grupos armados no estatales y los excombatientes han renunciado a la violencia y se han involucrado de buena fe en los procesos pertinentes de justicia de transición, habría que eliminar los obstáculos estructurales a su integración en la sociedad”. Afirmó que es “necesario reconocerles plenos derechos en la sociedad civil”, atribuyéndoles la “función particular” de “prevenir la repetición de la violencia”.

 

* Desde Ginebra