La decisión del presidente francés de apelar a un polémico artículo de la Constitución, que permite al gobierno aprobar proyectos sin pasar por el Parlamento, profundizó la crisis política en el país y provocó dos mociones de censura del Ejecutivo. La reforma eleva la edad de jubilación, que en Francia es muy inferior a la de otros países europeos, y el período de aportes para poder jubilarse. Las pensiones insumen el 14,7% del PBI, la tercera cifra más alta de la UE. Detrás de la medida está también el envejecimiento de la sociedad francesa, que provoca un déficit creciente en el sistema previsional.
Protestas. La premier Borne, cuando anuncia la decisión del gobierno. |
cedoc
Entre mociones de censura, la convocatoria a la novena huelga general en tres meses y cientos de detenciones en las protestas por la aprobación del proyecto para reformular el sistema de pensiones, el debate que ocurre en Francia sobre la reforma del sistema previsional no es nuevo ni exclusivo de este país.
El gobierno de Emmanuel Macron aprobó, mediante la aplicación del artículo 49.3 de la Constitución, la extensión de la edad jubilatoria de los 62 a los 64 años, y amplió la cantidad de años que una persona deberá aportar para cobrar su pensión completa de 42 a 43. Lo primero ocurrirá progresivamente hasta su aplicación efectiva en 2030, y lo segundo se adelanta a 2027, cuando estaba previsto para 2035.
El artículo invocado de la Carta Magna autoriza a la figura del primer ministro (que en este caso es Elisabeth Borne) a desestimar el voto de la asamblea nacional y a aplicar directamente las disposiciones que el gobierno considere necesarias, a menos que una moción de censura aprobada por la misma cámara ponga en pausa la aplicación y pueda destituir a la premier.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Más allá de las discusiones actuales, el asunto no es nuevo, ni en Francia ni en el resto del mundo. En este país en particular, la pelea por incrementar la cantidad de años de aportes y la edad para jubilarse lleva al menos 30 años. En 1993, la cantidad de años de aportes era de 37, una cifra que fue creciendo hasta los 42, que es la que rige hasta hoy. La edad para jubilarse, en cambio, pasó de 60 a 62 en 2010. Ninguno de estos procesos se dio en paz, pero hasta ahora ninguno había provocado tal reacción. No al menos desde 1995, año en el que una huelga general interrumpió la aplicación de algunas medidas en este sentido.
Razones. El motivo que argumenta Macron para llevar adelante esta medida es el déficit creciente que tendrá el sistema de pensiones, que se nutre de los trabajadores presentes para pagar a quienes ya dejaron de hacerlo. Se trata de una tendencia relacionada con el envejecimiento de la población mundial y que, en términos generales y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se profundizará para 2050. Se calcula que para esa fecha la población mayor de 65 años será el doble de lo que es hoy.
El aumento de la esperanza de vida y la tendencia a la baja en la tasa de natalidad explican estos datos, sobre los que vienen advirtiendo las organizaciones internacionales desde hace décadas.
Francia es, además, uno de los países de la Unión Europea con menor edad jubilatoria (62), frente a otros casos como el de España (que pasará a ser de 67 años en 2027), Italia, Grecia y Dinamarca (67), Portugal e Irlanda (66). También es el tercer país con mayor gasto en pensiones como porcentaje del PBI después de Grecia e Italia, ya que representa un 14,7%. La mayoría de estos países tienen previsto un sistema progresivo de aumento de la edad jubilatoria para los próximos años.
Para solucionar los desafíos que plantea esta tendencia al envejecimiento, la ONU, en su informe sobre la situación social mundial, propone la incorporación al mercado de las personas excluidas, entre ellas mujeres, jóvenes y personas migrantes.
Sobre estos últimos, según la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), la edad media de la población total para Europa es de 43,7 años, mientras que la de los inmigrantes en estos países es de 29,2 años. Lo que proponen instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) es, además de respetar el derecho humano de migrar, aprovechar las oportunidades que ofrece su integración e incorporación al mercado laboral.
Sin embargo, la respuesta de Europa consiste en cerrar cada vez más sus fronteras. Construyó, en los últimos años, dos mil kilómetros de muros.
Emmanuel Macron da cada vez pasos más firmes en este sentido: selló un acuerdo con el primer ministro británico, Rishi Subak, para que Reino Unido aumente su financiación a Francia, con el objetivo de evitar la llegada de migrantes en situación irregular. La inversión será de 541 millones de euros durante tres años.
El endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Sunak en Reino Unido o de Giorgia Meloni en Italia fue duramente criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero también van ganando apoyo en la sociedad.
En Francia, el ajustado resultado electoral de 2022 en comparación con 2017 (en donde Macron le había sacado a Marine Le Pen 32 puntos de ventaja frente a los siete de la última elección) es la muestra de que la derecha va ganando posiciones, y con ella, las posturas más críticas y restrictivas con respecto a la migración.
En Francia, a esto se le suma el estallido de una crisis social y política interna. Las calles repletas de basura por el paro de recolectores, las barricadas y los incendios son la imagen de un país que desde hace treinta años envejece, pero no sabe cómo gestionarlo a largo plazo.
Mientras tanto, la figura de un presidente que fue perdiendo apoyos se deteriora cada vez más. Ahora es acusado de impulsar de manera autoritaria una medida que afectará a toda la población francesa.
