La ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de la situación internacional de los derechos humanos, advirtió que que la nueva política migratoria anunciada por el presidente Joe Biden es prácticamente una continuación de la doctrina marcada por su predecesor, Donald Trump, y sigue representando una grave amenaza para la seguridad personal de los migrantes que aguardan en la frontera sur con México.
En teoría, la nueva ley migratoria de Biden anula definitivamente el llamado Título 42, una disposición de salud pública que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.
HRW, sin embargo, aduce que la nueva legislación no ataca las consecuencias directas de la anterior normativa: la desprotección a la que se exponen los migrantes.
HRW explica que el nuevo sistema de Biden impedirá la entrada de solicitantes de asilo en la frontera durante cinco años si no obtienen una cita a través de una aplicación electrónica. Esta cita, asegura la ONG, es casi imposible de obtener ya que el cupo diario de admisiones “es extremadamente limitado y se agota en cuestión de minutos”. En términos generales, el nuevo sistema vuelve a ampararse en la nociva presunción de que un solicitante de asilo está incapacitado por defecto para entrar en el país.
Muchos de los migrantes aguardan en Ciudad Juárez, México, entre temperaturas glaciales y bajo las presiones de las fuerzas de seguridad mexicanas para que abandonen sus campamentos y se trasladen a albergues donde son presa fácil de los cárteles, que los usan como esclavos o directamente los secuestran para pedir dinero a sus familias en sus países de origen, denuncia HRW.
“A pesar de haber tenido dos años para planificar el fin del Título 42 y hacer campaña con promesas de crear una frontera humana, Biden ha reciclado una política de Trump tras otra, lo que ha llevado a innumerables abusos contra inmigrantes en su mayoría negros y latinoamericanos”, ha lamentado el investigador de HRW, Ari Sawyer.
“Su último plan reemplaza el Título 42 con una política que continúa basándose en una disuasión fallida y mortal, que prohíbe a la gente que solicite asilo”, añade, mientras su organización recuerda a Estados Unidos que está obligado por el derecho internacional a respetar el “principio de no devolución”: la obligación de no devolver a una persona a un país donde corre el riesgo de persecución, tortura u otro daño irreparable.
