Crece la polémica en Brasil ante las últimas medidas del presidente Jair Bolsonaro, que no parece empeñado en acelerar el proceso de vacunación del país, muy golpeado por la pandemia de coronavirus, pero sí por ampliar la posibilidad de que los civiles tengan armas, un tema sobre el cual ya ha tomado más de una decena de medidas en sus dos años de gobierno.
El mandatario brasileño firmó ahora cuatro decretos que facilitan aún más la venta de armas y reducen el control estatal sobre municiones. Cada ciudadano podrá tener seis armas, que pueden ser ocho en el caso de miembros de la justicia, la fiscalía y las fuerzas de seguridad.
Desde diciembre de 2018, poco antes de la asunción de Bolsonaro, un cultor de la “mano dura” y de “meter bala” a los delincuentes, la tenencia de armas en poder de civiles creció 65 por ciento en Brasil. Si la justicia no anula los decretos del presidente, la cifra total de armas en poder de la gente superará el 1,1 millón que registraba en enero pasado.
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La decisión del presidente provocó críticas entre sus propios aliados. “Más grave que el contenido de los decretos es el hecho de exceder su poder regulador y adentrarse en una competencia exclusiva del Poder Legislativo”, afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Ramos, del Partido Liberal, parte del oficialismo.
“El presidente puede discutir su pretensión- agregó Ramos- pero enviando un proyecto de ley a la Cámara”. Desde la oposición las críticas fueron más severas. “El populismo armamentista de Bolsonaro, además de agravar el problema de la violencia, es una cortina de humo para sus aspiraciones golpistas”, afirmó Marcelo Freixo, diputado del PSOL (Partido Socialismo y Libertad).
Además de permitir la posesión de más armas a los civiles, los decretos también prevén la reducción del control y rastreo de armas y municiones, lo que según especialistas facilita la acumulación de armamento de parte del poderoso crimen organizado.
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De mantenerse los decretos, también se reducirá el control de la circulación de las armas más poderosas, utilizadas por tiradores y cazadores, pero también por el narcotráfico y los grupos paramilitares, los mismos a los que ha sido vinculada la familia del presidente.
Los opositores también exigieron a Bolsonaro que preste más atención a la crisis provocada por la pandemia, antes que por flexibilizar los controles a las armas. “Enfrentarse a la pandemia, avanzar en la vacunación y en la asistencia a los brasileños sin renta deben las prioridades del país”, criticó el líder del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), Rodrigo de Castro, en la Cámara de Diputados. El Covid ha matado a casi 240 mil brasileños.
“El pueblo no quiere armas. Quiere vacunas”, reclamó por su parte, el ex titular de la Cámara Baja, Rodrigo Maia. Algunos estudios señalaron recientemente que la campaña de vacunación en Brasil duraría cuatro años al ritmo actual. El gobierno de Bolsonaro es blanco de críticas por su gestión de la crisis sanitaria y por el retardo en la vacunación, al punto tal que 400 empresas y ONGs del país crearon una iniciativa, Unidos por la Vacunación, para acelerar la logística de la distribución de las dosis.
SF CP
