El próximo miércoles 4 de diciembre, los demócratas darán un paso más en el Congreso en el proceso de impeachment contra Donald Trump, cuando comiencen las audiencias públicas en las que el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes decidirá bajo qué cargos juzgará al presidente, acusado de presionar al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski para que investigara a su adversario político Joe Biden. Si cumplen con la hoja de ruta que trazaron, los representantes votarán en el recinto antes de fin de año y el Senado podría juzgar al republicano entre enero y febrero, apurado por el cronograma electoral.
El orden de los factores, en este caso, altera el producto. La Cámara Baja es la encargada de investigar la presunta mala conducta del líder republicano y de formular la acusación en su contra, mientras que la Alta será el tribunal que lo juzgará. Y lo hará con un ojo en las primarias demócratas, que comienzan en Iowa el 3 de febrero de 2020. El dato no es menor. Cinco de los senadores demócratas que decidirán la suerte de Trump compiten por la nominación presidencial: Kamala Harris, Bernie Sanders, Cory Booker, Amy Klobuchar y Elizabeth Warren. Desde sus bancas tendrán cobertura televisiva nacional, lo que les dará mayor visibilidad, pero no podrán hacer campaña en el terreno hasta culminar con el impeachment.
Cronograma. El proceso que amenaza a Trump fue abierto por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, el pasado 24 de septiembre. El Comité de Inteligencia inició la investigación, que ahora pasa al de Justicia, donde se celebrarán esta semana audiencias públicas. Su presidente, Jerry Nadler, invitó a participar de las mismas al presidente y sus abogados, que, si lo hicieran, podrían formular preguntas a los testigos. “El Comité espera su participación en la investigación por juicio político”, escribió en una carta dirigida a Trump. La Casa Blanca, reticente hasta el momento, no respondió si participará del proceso.
Las audiencias abordarán las bases históricas y constitucionales para un juicio político y determinarán si las supuestas acciones de Trump ameritan que el Comité emita cargos de destitución. En su carta, Nadler le recordó a Trump que si continuaba negándose a permitir que funcionarios de su gobierno testifiquen o entreguen documentos, podrá “imponer las acciones apropiadas”, incluyendo una negativa a permitir que sus abogados interroguen testigos.
Tribunales. Una jueza de la corte de apelaciones de Washington instó a los asesores de Trump a cumplir con las citaciones del Congreso, afirmando que “los presidentes no son reyes”. La magistrada Ketanji Jackson dictaminó que “nadie, ni siquiera el jefe del Poder Ejecutivo, está por encima de la ley”. El dictamen podría precipitar el testimonio de tres testigos fundamentales: el ex asesor de Seguridad nacional John Bolton, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el secretario de Estado, Mike Pompeo.
La administración de Trump apelará el fallo, con la intención de llegar incluso hasta la Corte Suprema, demorando el proceso, lo que podría obligar a los demócratas a prescindir de esos testigos. Si no lo hicieran, los senadores precandidatos a la Presidencia quedarían “atrapados” en Washington, mientras sus rivales redoblan el esfuerzo proselitista en varios Estados del país.
Calculadora. La oposición enfrenta un escenario complejo en el Senado, controlado por los republicanos. Para destituir a Trump necesitan una mayoría de dos tercios, es decir, de 67 legisladores. Solo la alcanzarán si veinte oficialistas votan contra el jefe de Estado.
