¿Cuál es hoy el blanco principal del Poder Judicial en Latinoamérica? ¿Las fuerzas progresistas, como dicen Lula, Correa y CFK? ¿O la clase política en general, como sugiere el caso peruano? La pregunta ya no es si hubo corrupción masiva en la historia reciente de la región −cosa que pasa por evidente en casi todos los países− sino contra quiénes se dirigen las investigaciones de los fiscales y jueces. ¿Le hacen el juego al establishment y persiguen a la izquierda? ¿O actúan con espíritu de cruzados contra toda la “vieja política”, a veces con una interpretación border de la ley?
El suicidio de Alan García llevó al paroxismo el choque brutal que existe entre el poder político y el judicial en Perú, donde la Justicia se ensaña con el arco partidario completo. García se pegó un tiro cuando iban a detenerlo por el caso Odebrecht, la misma investigación que aflige a otros tres ex presidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También a la líder de la derecha fujimorista, Keiko Fujimori, detenida por Odebrecht desde hace seis meses.
“En Perú hay una nueva generación de fiscales y jueces que se caracterizan por su severidad contra la corrupción y, en algunos casos, por las ansias de figurar −dice a PERFIL el analista peruano Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú−. Aquí los procesos judiciales se televisan. Aunque a veces se acusa a estos funcionarios judiciales de pertenecer a una ‘izquierda caviar’, muchos de ellos vienen de las universidades estatales y de fuera de la capital”.
García (1985-1990 y 2006-2011) se pegó un tiro cuando la policía iba rumbo a su casa en Lima a detenerlo por el caso Odebrecht. Se lo acusaba de los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión vinculados a la construcción por parte de la empresa corruptora de la Línea 1 del metro de la capital peruana. La fiscalía halló que Odebrecht depositó cuatro millones de dólares en cuentas de Luis Nava, ex secretario de Presidencia en el segundo mandato de García. Aunque la acusación en su contra aún estaba en etapa de investigación, el ex mandatario no podía salir del país.
“La generación política y judicial que entró con García al poder hoy está de salida, envejeció −señala Arturo Maldonado, doctor en Ciencia Política y profesor de la PUCP−. Hay un relevo de fiscales y jueces nuevos que se tomaron en serio el trabajo anticorrupción y las investigaciones de alta complejidad. Como si quisieran dejar una huella”.
En cuanto a Kuczynski (2016-2018), un tribunal ratificó ayer que debe permanecer en prisión preliminar, luego de que esta semana lo trasladaran a una clínica por un pico de presión. Kuczynski, de 80 años, espera que la Justicia defina si es culpable de haber lavado dinero proveniente de Odebrecht a través de Westfield Capital, una empresa suya registrada en Estados Unidos, cuando él era ministro del ex presidente Alejandro Toledo. La fiscalía sospecha que las consultorías de Westfield a la constructora eran sobornos encubiertos a cambio de obra pública.
Pero el caso más paradigmático es el de Keiko Fujimori. Hace poco más de un año, la líder de Fuerza Popular parecía ser la dirigente más poderosa de Perú. Tras librarse de su hermano Kenji y operar para la caída de Kuczynski, Keiko empezaba a echar sus redes sobre el inesperado nuevo presidente, Martín Vizcarra. Su victoria política era total. Pero restaba el frente judicial.
La hija del Chino enfrentaba acusaciones por lavado de activos, una de ellas ligada a Odebrecht. La balanza se inclinó contra ella a mediados de 2018, cuando salió a la luz la existencia de una mafia de jueces y fiscales en el puerto del Callao vinculados a figuras de Fuerza Popular. Vizcarra aprovechó entonces para romper simbólicamente con el fujimorismo y salió a dar un mensaje a la nación a favor de la lucha anticorrupción. Desde entonces, su aprobación no dejó de subir. Ni la de Keiko de bajar.
El karma de la Fujimori ha sido el fiscal José Domingo Pérez, de 42 años, quien apeló a las confesiones de arrepentidos de Odebrecht y a testigos protegidos. El fiscal incluso reveló un chat donde Keiko coordinaba agresiones en su contra. En octubre pasado, la Justicia le dictó prisión preventiva por tres años.
El cuadro de demolición judicial de la política se completa con Alejandro Toledo (2001-2006), fugado en Estados Unidos y con pedido de extradición por el caso Odebrecht, y Ollanta Humala (2011-2016), quien ya estuvo preso porque lo acusan de haber recibido tres millones de dólares de la constructora para la campaña de 2011.
A veces acusados de interpretar la ley al límite de lo jurídicamente aceptable −con mecanismos como el abuso de la prisión preventiva o la presión a los acusados a través del arresto de familiares−, la nueva camada de jueces y fiscales opera en un marco de autonomía judicial inédito en Perú. “En los últimos años, el sistema judicial ganó independencia gracias al debilitamiento de los partidos políticos −agrega Torres−. Por eso pueden repartir con Odebrecht a derecha y a izquierda”.
