El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, va a debatir los próximos 28 y 29 de junio en Ginebra sobre mujeres, personas con discapacidad, menores y tráfico de personas, el contexto quizás oportuno para abordar los atropellos sexuales a niños y niñas, el escándalo que salpica a la Santa Sede anticipado por un documento hasta hoy secreto, en manos del Papa Francisco desde hace dos meses.
Los abusos sexuales en perjuicio de menores cometidos por clérigos católicos se convirtieron en practicas masivas y sistemáticas cuantificadas históricamente en distintos rincones del planeta, denunciados por varios Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante el Vaticano desde el 2019 en adelante, sin que el Papa Francisco y la jerarquía religiosa de Roma hayan hecho justicia en torno a ese ominoso pasado, trasluce ese documento suscripto en Ginebra, cuyo contenido se adelanta ahora en exclusiva.
Recientemente los expertos independientes mandatados por la ONU para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; por los derechos de personas con discapacidad; contra la explotación sexual de menores y la prostitución infantil; y sobre la tortura, han recibido testimonios procedentes de varios países, que imputan a la Iglesia Católica “la disimulación de crímenes, poner trabas para identificar a los presuntos agresores, y eludir la reparación de las víctimas”.
La extensión de tales delitos hacia atrás en el tiempo abarca “varias decenas de años” en Australia, Estados Unidos, Polonia, Irlanda y Holanda, allí agravados por la negligencia de la jefatura eclesiástica, de “señalarlos a las autoridades civiles”, destituir a los perpetradores, “prefiriendo trasferirlos a otras instituciones de la Iglesia Católica”, la cual es paralelamente responsable de “venta de niños” y “adopciones ilegales” en España, Irlanda, Reino Unido, Australia y Bélgica.
Los casos de violaciones a los estándares internacionales transmitidos al Vaticano desde Ginebra en estos dos últimos años son numerosos, acrecentando “la preocupación frente a la ausencia de respuesta del gobierno” del Sumo Pontífice, siendo el Jefe de Estado con estatuto de observador ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: 1670 casos en Alemania, 1000 en Bélgica, 4000 en Francia, cerca 38.000 en Canadá, 344 en Chile, 33 en México, 12 en Colombia, y un número aún incalculable en Argentina.
Frente al avance limitado de la justicia laica en varias jurisdicciones nacionales, y tomando en cuenta “ciertas investigaciones lanzadas” por la Santa Sede, la ONU constata que la cúpula católica persiste en “proteger a los presuntos agresores”, dándoles refugio, y rechazando sus extradiciones, al tiempo que obstruye “los procedimientos judiciales”, niega el acceso a los archivos del Vaticano, y sostiene la prescripción de las causas civiles y penales.
La ONU deplora que pese a las reformas emprendidas por el Vaticano desde 2019 tras el llamado “a una lucha total contra los abusos de menores” de cara al futuro, acompañada por una nueva ley canónica “exigiendo el señalamiento” ante “los procuradores del Vaticano”, y notificar a “los superiores las alegaciones” de crímenes sexuales, y “tentativas de disimulación”, el pasado de los eclesiásticos violadores se mantiene impune, por un “código de silencio” bajo pena de excomunión.
Sin embargo, los Relatores de Naciones Unidas reconocen el valor de la abolición “del secreto pontifical en los procedimientos de abusos sexuales, lo que ha permitido aunque no de forma obligatoria”, que “la Iglesia comparta informes, testimonios y documentos con las autoridades seculares de los países concernidos a su pedido”, no obstante que ello limite cooperar con las instancias judiciales. La duda perdura si estas nuevas reglas, “serian aplicables retroactivamente”.
Estos Relatores también evocaron que otros diez expertos independientes del Comité contra la Tortura de la ONU “observaron igualmente en 2014 que los concordatos y otros acuerdos negociados” por Roma con “otros Estados, obstaculizan la persecución de los presuntos autores de infracciones pues limitan la capacidad de las autoridades civiles de interrogar y exigir la entrega de documentos para (llevar ante tribunales civiles) a personas asociadas a la Iglesia Católica”.
Vencido el plazo de 60 días impartido por la ONU para mantener la confidencialidad de la denuncia que viene de resumirse, enviada a Roma el 7 de abril de 2021, su versión en francés ha trascendido públicamente. Se enumeran además en el texto diez puntos sobre los que se desearía conocer información complementaria, actualizaciones, resultados de investigaciones recientes, y nuevos reglamentos, a la luz “de los instrumentos jurídicos vinculantes de derechos humanos” ratificados por la Santa Sede.
"El Estado Vaticano tiene una oportunidad histórica de hacer justicia, desaprovecharla no solamente implica incumplir con obligaciones de derechos humanos, sino que re victimiza a las víctimas y frustra el derecho a la verdad que poseen las sociedades", concluyó Fabian Salvioli, Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, titular del mandato que lideró la exhortación que firman otros tres expertos independientes, cursada al Papa Francisco desde Ginebra.
* Desde Ginebra
