Ginebra urge al nuevo gobierno de Bolivia a esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos sucedidas cuando derrocaran al gobierno de Evo Morales.
“Acogemos el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido mediante un acuerdo entre el gobierno de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual señala que en el Estado Plurinacional de Bolivia se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso sistemático de la tortura, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019”, declaró en Ginebra Liz Throssell, portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos humanos, Michelle Bachelet . (1)
“Las conclusiones de dicho informe sostienen que la violencia tuvo sesgos raciales y anti indígenas, y que además las fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y no impidieron adecuadamente los actos de violencia. Estas conclusiones están en línea con las de nuestro propio informe de agosto de 2020” (2), precisó la vocera de Bachelet, donde se resaltan violaciones al derecho a la vida, torturas, faltas de respeto al debido proceso y a la libertad de expresión, discriminación racial, y ataques a la Defensoría del Pueblo.
En las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en 2020, reclamaba al gobierno de Bolivia llevar a cabo una rendición de cuentas de lo sucedido en 2019, garantizar la observancia de las libertades públicas, reglamentar el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, tomar medidas contra la discriminación racial, preservar los espacios cívicos y democráticos, crear una Institución Nacional de Derechos Humanos, y restablecer plenamente la Oficina de la ONU en la materia existente en Bolivia antes de los luctuosos sucesos que rodearon la caída del gobierno entonces presidido por Evo Morales.
Aprovechando la reciente publicación del informe de los expertos independientes mandatados conjuntamente por el actual gobierno de Bolivia y la CIDH, la ONU subraya de su contenido, la necesidad de “fortalecer los esfuerzos para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia”. Insiste a su vez que “es vital que la documentación de las violaciones de derechos humanos que aparece en el informe, producto de ocho meses de riguroso trabajo, sea utilizada de forma constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas persistentes”.
La ONU estima también que los dos informes antes aludidos “constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia”. Concluye recordando “el compromiso expresado por el Presidente de Bolivia, Luis Arce, de implementar el informe de los expertos independientes de la CIDH e instamos a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que estas recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su presencia en el país, está a disposición para apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en este importante proceso y reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias”.
En Ginebra, Juan Gasparini
