Ginebra mantiene la presión sobre Nicolás Maduro. Publica un informe sobre la continuidad de la represión en Venezuela, particularmente "en el estado de Apure en el contexto de los enfrentamientos con grupos armados no estatales", y pide "condiciones adecuadas de detención y acceso a la justicia".
Pese a “reconocer el impacto de sanciones sectoriales, que han agravado los desafíos existentes en lo relativo a los derechos humanos”, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet, insistió en su reclamo al gobierno de Venezuela de rendir cuentas sobre la represión, que prosigue aumentando el número de víctimas. Su informe será debatido la semana que viene en Ginebra.
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En cuanto al “número de muertes ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas en el último año”, se mantiene “alta”, no obstante una reducción del nivel de víctimas al observado en 2020, que podría hipotéticamente obedecer a una menor intensidad de la represión a la oposición al gobierno, tras menguar las perspectivas electorales inmediatas, se desprende de un texto de 21 páginas editado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Se trata del máximo órgano en la materia de la organización supranacional, integrado por 47 países, elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, compuesta por los 193 Estados que constituyen el parlamento de la institución, según una repartición proporcional a las cinco regiones del planeta en que se divide la ONU. Venezuela forma parte este año del citado Consejo, junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Bahamas, Cuba, México y Uruguay.
Por cierto, los casos letales evocados ahora por la ONU en Venezuela, desde mediados del 2020 a marzo del 2021, serían al menos a “87 ejecuciones extrajudiciales”, todas bajo responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, 17 de las cuales fueron documentados para el presente informe. Sucedieron en distintos lugares del territorio, “en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas … realizadas en zonas marcadas por elevados niveles de inseguridad y violencia”.
“Los testigos entrevistados” por la ONU dijeron que “los agentes de seguridad”... irrumpieron en los hogares” de los perseguidos, con violencia, “incluida la violencia de genero”. Los familiares de los buscados fueron “insultados, golpeados, arrastrados por el pelo y amenazas de muerte si no obedecían”. Los represores “manipularon las pruebas de la escena del crimen y retiraron el cuerpo de la víctima”. Y robaron pertenencias “de las casas o el lugar de trabajo” de los reprimidos.
Algunos detenidos posteriormente liberados de cautiverio, testimoniaron que “fueron obligados a firmar documentos en los que afirmaban que sus derechos habían sido respetados mientras estaban bajo custodia, y se comprometían a no revelar información sobre su proceso judicial y su detención”. De momento, el Alta Comisaria Michelle Bachelet, no conoce sanciones contra funcionarios que se hayan servido de “confesiones obtenidas mediante torturas ... como prueba”,
La constatación de la ONU de “un menor número de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales desde septiembre de 2020”, en comparación con las consignadas en informes anteriores, coincide con “un mayor número de ellas atribuidas a otras fuerzas” oficiales, desdibujando incluso la totalidad en acciones de “seguridad conjunta”, cuyos autores y el resultado de eventuales enjuiciamientos de tales hechos, no se han producido.
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Tampoco se conoce si la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, emprendió procedimientos sobre torturas, durante el reciente periodo investigado, frente a las alegaciones de “golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”. Esas denuncias de “tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, se conectan con desapariciones forzadas, como son las de Antonio Sequea Torres, Juan Antonio Hurtado Campos y Hugo Enrique Marino Salas, todos aún con paraderos desconocidos.
Michelle Bachelet le recomendó finalmente a Nicolás Maduro implementar “efectivamente un programa de protección de víctimas, para salvaguardar su integridad y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”, obligarse a “que se den todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e independientes”, y reiterarle “la aplicación de las recomendaciones” que han quedado pendientes de informes precedentes.
En Ginebra, Juan Gasparini.
