El pasado 24 de marzo, el Canciller Felipe Solá formalizó el retiro de la Argentina del Grupo de Lima, que se había constituido en 2017 como una plataforma regional orientada al rescate de la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Este hecho coincide con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se conmemoran las víctimas de la última dictadura militar. Una extraña coincidencia que revela la ambigüedad con la que se maneja el concepto de los derechos humanos en el país.
En 2019, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó sus conclusiones acerca de la visita e investigación que realizó para evaluar las circunstancias de la crisis venezolana. En este informe, se constató que desde 2016 el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
El documento manifiesta una progresiva “militarización de las instituciones del Estado”, y detalla que tanto a “civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno”. También, se revela una gran preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, ya que solo en 2018 el gobierno venezolano registró 5.287 muertes por “resistencia a la autoridad”, sin realmente poder conocer el contexto de estos sucesos.
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Si repasamos lo que sucede en Venezuela tenemos un gobierno ilegítimo, que ha asaltado el Estado y ha permitido que el estamento militar elabore y ejecute políticas sistemáticas de represión, tortura y desaparición de personas, ¿a los argentinos no les suena conocido? En materia de vulneración a los derechos humanos, Videla y Massera son tan represores con Maduro y Cabello.
La página del Ministerio de Educación de la Nación estipula que la conmemoración del 24 de marzo busca “construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente” para que las futuras generaciones “comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar”. Sin embargo, el Canciller Solá parece no acompañar este espíritu crítico, o al menos no sostiene estos principios con coherencia.
La política exterior argentina actual establece posiciones ambiguas respecto a Venezuela. Se niega abiertamente a definir al régimen de Maduro como una dictadura, pero demuestra permanentemente una aparente preocupación por el tema. En diciembre del año pasado Argentina se negó a votar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que condenaba el fraude electoral impulsado por Maduro para someter al Congreso venezolano. Esta posición genera un silencio con matices de complicidad.
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Venezuela es un tópico incómodo para el gobierno por la bifurcación interna sobre el tema. Vale la pena recordar que en 2013 Cristina Fernández le otorgó a Nicolás Maduro la Orden del Libertador San Martín, dirigida exclusivamente a los funcionarios, civiles o militares, extranjeros que, en el ejercicio de sus funciones, merecen en alto grado el honor y reconocimiento de la Nación.
La mejor manera de honrar a las víctimas de la represión del Proceso no pasa solamente por conmemorar una fecha y reflexionar sobre el pasado, sino por la crítica presente a regímenes que emulen cualquier práctica antidemocrática.
Las Madres de Plaza de Mayo deberían empatizar y reivindicar a todas las madres venezolanas que tienen hijos desaparecidos y encarcelados. Diferentes centros de tortura que funcionan clandestinamente en Caracas, como El Helicoide o La Tumba, deben ser tan repudiados y denunciados como lo fuera la Escuela de Mecánica de la Armada.
Se estima que para el 2020, alrededor de 200.000 venezolanos habían emigrado y fijado su residencia en la Argentina, que en este sentido hace honor a su preámbulo, compartiendo “los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Sin embargo, esta política de puertas abiertas no comparte la misma convicción a la hora de condenar a las dictaduras y autoritarismos de la región, como Cuba, Nicaragua o Venezuela.
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Vale la pena recordar que el Fiscal Strassera citó a Dante Alegheri en medio de su alegato en el juicio a las juntas: "estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí lloran sus despiadadas faltas". Sin embargo, la posición actual argentina respecto a Venezuela no llora ni crítica ninguna falta, sino que se encubren y condecoran a sus verdugos.
Nunca más no puede ser un eslogan monopolizado bajo una perspectiva partidista, sino una bandera que Argentina debe defender en todo el mundo, a favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos. No hacerlo es traicionar su memoria, y renunciar a una auténtica convicción de verdad y justicia.
* José Manuel Rodríguez. Coordinador de Desarrollo Institucional, Fundación Federalismo y Libertad.
