El principal sospechoso de la muerte de Alexei Navalni es obvio. Pero, si bien el papel del presidente ruso Vladimir Putin es casi innegable, hay un cómplice silencioso cuya participación en esta tragedia no debe ignorarse: las políticas económicas adoptadas a principios de los años noventa.
El mundo quedó atónito, aunque quizás no sorprendido, por la muerte este mes de Alexei Navalni, político de la oposición rusa y crítico del Kremlin, en una colonia penal del Ártico. El gulag convertido en el que murió, llamado “Lobo Polar”, reservado para criminales empedernidos en lugar de prisioneros políticos, era conocido por sus duras condiciones, y Navalni había sido torturado extensamente.
Aun así, las circunstancias de la repentina muerte de Navalni, quien había comparecido alegremente ante el tribunal el día anterior, eran misteriosas. A los 47 años, Navalni todavía era joven y los planes que estaba haciendo activamente sugerían que mantenía esperanzas en el futuro. Por tanto, los signos no apuntan a una muerte por “causas naturales”, como afirmaron las autoridades rusas.
Navalni, por supuesto, vivía un tiempo prestado después de años exponiendo la corrupción del régimen del presidente Vladimir Putin. En 2020, el atentado más grave contra su vida (un envenenamiento casi mortal con un agente nervioso de grado militar, Novichok) fracasó cuando lo trasladaron en avión a Alemania para recibir tratamiento de emergencia. Consciente del destino que lo esperaba en un país donde la línea entre la pena de prisión y la pena de muerte es peligrosamente delgada, decidió regresar a Moscú, donde fue arrestado a su llegada y finalmente condenado a 19 años de prisión.
El principal sospechoso de la muerte de Navalni es obvio. “Putin es el responsable”, afirmó el presidente estadounidense Joe Biden. Otros líderes mundiales y un coro de comentaristas han manifestado su acuerdo. Navalni, un hábil organizador de base que se postuló para alcalde de Moscú en 2013 y presidente en 2018, fue, con diferencia, la voz más creíble y carismática que habló contra Putin, calificando a su partido como uno de “estafadores y ladrones”.
Incluso tras las rejas, Navalni siguió siendo una amenaza creíble para Putin. Por lo tanto, su muerte, sospechosamente cercana a las elecciones presidenciales de marzo, en las que Putin está haciendo campaña para un quinto mandato (tras haber eliminado los límites constitucionales al mandato en 2020), señalaría, al menos circunstancialmente, a un claro culpable. Pero, si bien el papel de Putin en la muerte de Navalni es prácticamente innegable, hay un cómplice silencioso cuyo papel en esta tragedia no debe ignorarse: las políticas económicas adoptadas a principios de los años noventa.
En lugar de emprender una transición gradual para alejarse de la economía dirigida soviética, Rusia adoptó un paquete de reformas que prometía desencadenar las fuerzas del mercado lo más rápido posible. La “terapia de choque”, como se conocía a este enfoque, contó con el respaldo del Fondo Monetario Internacional y de muchos economistas muy respetados, varios de ellos del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional, así como con las bendiciones de la administración del presidente estadounidense Bill Clinton. La rápida privatización masiva –un componente clave de la terapia de choque– resultó una de las mayores transferencias de riqueza de la historia, incluidos muchos de los mayores depósitos de petróleo, gas natural y metales del mundo. El esfuerzo más ambicioso, el plan de “préstamos por acciones” diseñado por el zar de las privatizaciones del presidente Boris Yeltsin, Anatoly Chubais, creó una clase de oligarcas políticamente poderosa que obtuvo el control de los activos más valiosos de Rusia.
El objetivo de una rápida privatización no era meramente económico. Chubais tenía un ojo puesto en la presencia aún arrogante del Partido Comunista, que estaba desanimado, pero no dividido por el colapso de la Unión Soviética. Así, uno de los objetivos de la privatización masiva era permitir que la codicia destrozara la unidad del Partido dividiendo a sus cuadros y funcionarios. Esa parte del plan funcionó casi a la perfección: incluso los miembros de la KGB rompieron con sus clanes para apoderarse de activos industriales y de otro tipo.
El problema es que no se cumplían ninguna de las precondiciones institucionales, como tribunales o estructuras regulatorias (que son famosas por ser “pegajosas” y no susceptibles de ser trasplantadas desde el extranjero), ni siquiera indicadores que pudieran demostrar que los mercados estaban funcionando. No sorprende que las políticas de privatización de Chubais resultaran ser tanto un “shock” como una “terapia”. La repentina liberalización de los precios y la privatización masiva sólo produjeron una cleptocracia desfigurada, un capitalismo de compinches y una corrupción desenfrenada. Al final de su mandato, Yeltsin, cada vez más frágil e impopular, nombró primer ministro a Putin, un oscuro exoficial de nivel medio de la KGB, cargo que Putin intercambió por la presidencia en 2000.
La trágica muerte de Navalni, que coincide con el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, tiene sus raíces en esta historia. Sin duda, Putin tiene las manos manchadas de sangre; pero las políticas económicas que crearon el ecosistema en el que surgió y prosperó también tienen la culpa. En un mundo ideal, estaríamos celebrando la desaparición de estas políticas, en lugar de lamentar la muerte de un héroe moderno.
* Profesora asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge. Investigadora principal de una beca del Consejo Europeo de Investigación sobre derecho y cognición. Copyright Proyect-Syndicate.
