Las carreras de muchos de los políticos y empresarios más importantes de Brasil se vieron arruinadas por la "Lava Jato", la mayor operación anticorrupción de la historia del país, iniciada hace cinco años con una investigación sobre cambistas de dinero que operaban en un lavadero de autos (lava jato) de Brasilia. El último caído es el expresidente Michel Temer, detenido este jueves como presunto jefe de una banda que desvió cientos de millones en Brasil.
El anterior mandatario se sumó a una lista de 155 condenados, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, con sentencias que totalizan 2.242 años y 5 días de prisión por esta gigantesca operación que desveló una red de sobornos pagados por grandes constructoras locales a políticos de casi todos los partidos, para obtener contratos en la poderosa paraestatal Petrobras.
Cientos más fueron acusados y fueron recuperados unos 13.000 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares) en una operación que lleva ya 60 fases y que, según dijo la Fiscalía este mes, "está lejos de terminar". El escándalo se extendió a una docena de países y Petrobras, una de las principales empresas de América Latina, se vio severamente dañada, así como la confianza de los ciudadanos en el sistema político.
El actual ministro de Justicia en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, el exjuez Sergio Moro, estuvo al frente de los casos más sonados de la Lava Jato, entre ellos el de Lula.
El último peso pesado que cayó en sus redes fue Michel Temer, un veterano de la política detenido preventivamente el jueves en Sao Paulo tras ser acusado de liderar una operación criminal involucrada en corrupción, malversación y lavado de dinero, y fue trasladado a la sede la Policía Federal de Rio de Janeiro. Temer, este político curtido desde hace más de tres décadas en el partido MDB (de centroderecha), tres veces presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de Dilma Rousseff, a quien reemplazó cuando la mandataria de izquierda fue destituida por el Congreso.
El veterano dirigente, de 78 años de edad, tuvo inmunidad hasta el 31 de diciembre pasado cuando expiró su mandato presidencial y pasó la banda presidencial a Jair Bolsonaro. Este jueves también fueron detenidos el exministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco, del MDB, y el ex coronel de la Policía de San Pablo Joao Baptista Lima Filho, considerado el hombre de confianza de Temer.
Todos esos casos expusieron con crudeza las turbias conexiones entre negocios y poder político en Brasil. Pero un reciente fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) desató temores de que a a partir de ahora será más difícil castigar a los políticos corruptos. La máxima corte decidió la semana pasada que crímenes como el de lavado de dinero deben ser juzgados por cortes electorales y no por las penales- si están asociados a la financiación ilegal de campañas (llamada 'Caja 2').
La justicia brasileña recuperó unos 13.000 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares al cambio); las sentencias totalizan 2.242 años.
"Como en Brasil todo político corrupto pide sobornos con el pretexto de usarlo en campañas (...), prácticamente todas las investigaciones de la Lava Jato irán a la Justicia Electoral", que "históricamente no condena ni manda a nadie a la cárcel", advirtió su colega Diogo Castor en el portal O Antagonista. Pero algunos métodos utilizados por los fiscales, como las prisiones preventivas, las delaciones a cambio de reducciones de pena o la ejecución de penas de prisión antes del agotamiento de todos los recursos judiciales, fueron criticados como un abuso de poder.
El Ministerio Público Federal acusó al expresidente de ser el jefe de una "organización delictiva" que comenzó a operar hace cerca de cuatro décadas. "El monto de 1,8 mil millones de reales (US$ 520 millones) cobrado por este grupo corresponde a la propina cobrada durante años", informaron los miembros de la Procuración.
Los fiscales afirmaron que el cohecho relacionado a la construcción de la usina nuclear de Angra III es parte de un "esquema" que incluye obras sobre facturadas y maniobras para la aprobación de leyes. Poco después de ser arrestado el líder del MDB y expresidente dijo que la decisión de juez le parecía una "barbaridad".
Por otra parte, el PMDB divulgó una nota en la que dijo esperar que la justicia garantice el derecho a la "libertad individual, la presunción de inocencia y el derecho de defensa" de Temer y Moreira Franco. Temer llegó al gobierno en 2016 tras la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), hallada culpable en un juicio político sustanciado en el Senado.
El PT divulgó una nota en la que afirmó que "Temer asumió la presidencia tras un golpe deplorable, su agenda de gobierno aumentó la desigualdad y la miseria". "Es evidente que una vez cumplidos los objetivos del golpe y de la prohibición ilegal para que Lula dispute las elecciones sus artífices están siendo descartados", concluyo el PT.
D.S.
