Organismos de derechos humanos y familiares de presos políticos en Venezuela advirtieron que la Ley de Amnistía no abarca la totalidad de los años prometidos. En consecuencia, deja excluidos a 400 detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo. Este jueves 19, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó la Ley de Amnistía anunciada hace 20 días por la presidenta Delcy Rodríguez. Aunque había anticipado que la medida abarcaría desde 1999 a 2026, el texto especifica solo 12 de esos 27 años comprendidos, dejando fuera a cientos de detenidos.
Los organismos de derechos humanos detectaron la letra chica, en la que por la elección de los meses, hay 15 años que quedan excluidos de la ley. "Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico", cuestionó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.
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En la conferencia de prensa de las ONG en Caracas, de la que participó la suegra de Gallo, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, destaco que "en ningún lado de la amnistía está incluido" Nahuel Gallo.
"La amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones, pero es un logro", destacó Romero, quien igualmente enfatizó que no se podrá alcanzar la reconciliación y la reunificación del país, "sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos".
El caso de Nahuel Gallo
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera de Venezuela. El artículo de la amnistía que habla sobre ese año aclara que solo será válida para “los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024".
En la rueda de prensa, los presentes se quejaron de que sean “los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente, arbitrariamente”, los encargados de “interpretar la ley para otorgar beneficios”, en lugar de designar “jueces ad hoc” para ese fin.
"Hasta que esto no cambie, vamos a tener todavía la amenaza en un futuro de que incluso aquellos que van a ser amnistiados puedan ser nuevamente encarcelados", insistió Romero.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó en un comunicado que todas sus “preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de ley de amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalamos oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos".
"Hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales", enfatizó JEP.
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Según las ONG "hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad que estuvieron encarceladas", muchas de las cuales son personas mayores de 70 años. Si bien hay medidas contempladas para estos casos, la Ley de Amnistía ya se presenta como poco confiable y nada asegura que será respetada.
RG/DCQ
