La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que está comprometida con la realización de elecciones “libres y justas” en el país, aunque evitó precisar una fecha y condicionó el calendario a un “diálogo político” interno.
En una entrevista difundida el jueves por el canal estadounidense NBC, Rodríguez afirmó que los comicios se celebrarán “conforme a la Constitución”, pero aclaró que el cronograma será “fijado y decidido por el diálogo político en este país”.
Durante la conversación también sostuvo que Nicolás Maduro continúa siendo el presidente “legítimo” de Venezuela, pese a estar detenido en Estados Unidos. “Yo estoy encargada de la presidencia”, respondió cuando fue consultada sobre quién gobierna el país, en un contexto marcado por la captura del exmandatario el 3 de enero.
Rodríguez afirmó que no le resulta “nada difícil” ejercer la presidencia en medio de conversaciones regulares con Washington, quien mantiene el control de las ventas de petróleo venezolano y los ingresos que estas generan. Según señaló, una eventual convocatoria electoral “implica también un país libre de sanciones”.
Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos recuperaría sus derechos como país que ayudó a construir el sector petrolero venezolano durante décadas. Rodríguez replicó que hubo un “cambio de modelo” y que su gobierno revisa contratos del pasado para determinar “quién debe qué a quién”.
Amnistía en suspenso. El Parlamento venezolano aplazó esta semana el debate final sobre una ley de amnistía general para presos políticos, al no alcanzar consenso sobre un artículo clave que define el alcance del beneficio.
La iniciativa, impulsada por Rodríguez, busca otorgar la libertad plena a cientos de detenidos. Sin embargo, el debate se estancó en el artículo 7, que establece que la amnistía alcanzará a toda persona “que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” durante los últimos 27 años. La oposición objetó la cláusula final que exige que el beneficiario “esté a derecho o se ponga a derecho”.
La diputada opositora Nora Bracho cuestionó que esa redacción obligue a los detenidos a presentarse ante los tribunales para cerrar sus causas. Desde el oficialismo, Iris Varela replicó que “no se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito”. La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión hasta el jueves próximo.
La sesión coincidió con una movilización opositora en Caracas, la primera de gran magnitud desde la caída de Maduro. Miles de personas se concentraron frente a la Universidad Central de Venezuela con consignas a favor de la amnistía. La ONG Foro Penal contabilizó más de seiscientas personas detenidas por razones políticas, la mayoría de las cuales sostiene su inocencia.
