El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido inculpado con cargos penales, un primer paso de un largo camino legal de desenlace incierto.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí y qué pasará en adelante?
¿Cómo ha sido inculpado?
La Justicia de Nueva York abrió una investigación en 2018 sobre un pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para ocultar una supuesta relación extramatrimonial de Donald Trump.
La suma no se incluyó en las cuentas de la campaña del candidato republicano, lo cual violaría las leyes electorales estatales, sino que se registró como “honorarios legales” en las de su empresa, con sede en Nueva York.
En enero, el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, nombró a un gran jurado, un panel de ciudadanos seleccionados al azar con poderes de investigación, para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Donald Trump.
Después de tres meses de investigaciones y la comparecencia de testigos, el gran jurado decidió inculparlo pero no ha hecho públicos los cargos.
¿Qué pasará el martes?
Donald Trump, que vive en Florida, debe comparecer ante un tribunal en Nueva York para que le notifiquen formalmente los cargos contra él.
Como cualquier otro detenido, el millonario tendrá que dar su nombre, edad, profesión, y someterse a la toma de huellas dactilares y a ser fotografiado.
Según su abogado, Joe Tacopina, no estará esposado, pero es posible que tenga que caminar por los pasillos en presencia de los medios de comunicación.
Los fiscales demócratas intentarán deleitarse “haciéndolo desfilar”, declaró Tacopina al canal NBC.
Después comparecerá ante un juez del estado de Nueva York, ante quien se declarará “no culpable”, dijo el abogado.
El caso correrá a cargo, según la prensa estadounidense, del juez Juan Merchán, que supervisó el juicio por fraude fiscal de la Trump Organization el año pasado. Este magistrado “ME ODIA”, escribió Donald Trump el viernes.
¿Y después?
Tacopina tiene la intención de presentar “inmediatamente” varios recursos para intentar que se invalide la acusación de su cliente.
Podría alegar que la investigación fue incriminatoria o un defecto de forma para ralentizar el procedimiento.
Si no tiene éxito, el curso normal de la Justicia prevé tres posibilidades:
Se pueden retirar los cargos. Esta hipótesis relativamente frecuente es bastante improbable en el caso de Donald Trump dadas sus repercusiones, aunque algunos observadores creen que el caso no es muy sólido jurídicamente.
El acusado puede llegar a un acuerdo con los fiscales y aceptar declararse culpable para evitar un juicio y obtener una sentencia más leve. Esta opción parece imposible puesto que Donald Trump insiste en que no ha cometido un delito.
La justicia decide ir a juicio, pero primero debe respetar varios procedimientos, con varias audiencias previas. Una vez más, los abogados de Donald Trump utilizarán todos los instrumentos a su alcance para retrasarlo.
¿Cómo podría desarrollarse?
En la década de 1970, el Ministerio de Justicia consideró que un presidente en ejercicio no debería tener que responder judicialmente, ni siquiera por hechos anteriores a su investidura.
Si Donald Trump fuera reelegido en las presidenciales de 2024, a las que se presenta, el procedimiento quedaría entre paréntesis durante los cuatro años de su mandato.
Si la Justicia fija una fecha para antes de noviembre de 2024, o si vuelve a perder los comicios como en 2020, se celebraría un juicio en Nueva York, probablemente ante un jurado popular.
Según varios medios, Donald Trump tendrá que responder por varios fraudes contables. Como no se conocen los cargos, es imposible predecir las penas probables, pero nada excluye que puedan ser de prisión.
¿Le impide otro mandato?
No. En Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo y ser elegida.
La Constitución establece una excepción: haber participado en una “insurrección” o una “rebelión” contra Estados Unidos.
Este escenario no se descarta del todo dado que Donald Trump es objeto de una investigación de la Justicia Federal por su papel en el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.
Una investigación parlamentaria recomendó inculparlo por haber “llamado a la insurrección”, pero hasta el momento no se han presentado cargos contra él.
