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opinión

Memoria y solidaridad democrática internacional

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Nicaragua y Cuba. Cadal trata de visibilizar la falta de libertades. | AFP

A “ponerse en los zapatos” de quienes viven en dictadura, visibilizar su situación y ser “la voz de los que no tienen voz” se lo denomina “solidaridad democrática internacional”. Esta labor solidaria la realizan principalmente organizaciones de derechos humanos que ponen foco en las sociedades bajo contextos autoritarios, es decir, donde los derechos humanos están criminalizados. 

En las democracias también se violan los derechos humanos, principalmente los económicos, sociales y culturales, al no implementarse políticas públicas efectivas para garantizarlos, como el acceso a la educación, a la salud, la vivienda, la previsión social y la cultura. Se puede también violar las libertades civiles, pero los responsables de excesos, como la brutalidad policial, tienen que rendir cuentas ante la Justicia. 

Por eso, defender internacionalmente los derechos humanos contribuye a promoverlos y valorarlos en el propio país. Por ejemplo, las elecciones transparentes y competitivas; la libertad de prensa, expresión, reunión, petición y manifestación pacífica; el acceso a la información pública, y el derecho a salir del país libremente y regresar al mismo. Parecen obviedades en una democracia, pero son derechos y libertades inexistentes hoy en día en casi un tercio de los países del mundo, entre ellos, tres de América Latina: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La incidencia en la política exterior. Una acción que caracteriza a la solidaridad democrática internacional es la de “señalar y avergonzar” a las dictaduras y reclamarles a los gobiernos democráticos una política exterior activa en derechos humanos. Esto último implica adoptar el “principio de no indiferencia”, cuya formulación original se le puede atribuir al expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, quien al inicio de su gobierno, en un discurso en la Universidad de Notre Dame, expresó: “Porque somos libres no podemos ser indiferentes con la suerte de la libertad en otros lugares del mundo”.

Pero si bien muchos países democráticos expresan oficialmente, a través de los sitios web de sus cancillerías, que la promoción y defensa de los derechos humanos es objetivo prioritario en su política exterior, en la práctica es una expresión declarativa y, en algunos casos, una formulación demagógica.

Un límite que en la práctica encuentra la política exterior en derechos humanos es lo que se conoce como “el interés nacional”, que pone las cuestiones económicas y geopolíticas por encima de la defensa internacional de la dignidad humana.

El primer requisito de una política exterior en derechos humanos es el de respetarlos internamente, es decir, tener la autoridad moral para poder expresarse sobre la situación en otros países; y también el de someterse a la supervisión del sistema universal de la ONU, como por ejemplo extendiendo invitaciones abiertas y permanentes a los procedimientos especiales, relatores y grupos de trabajo que reciben denuncias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura, etc. 

El segundo requisito de una política exterior en derechos humanos es su aplicación general, lo que significa no tener “doble estándar”. Esto no lo aplica casi ningún país del mundo y representa la mayor limitación, pues se privilegian por sobre la defensa de la dignidad humana a los intercambios comerciales, inversiones económicas y favores políticos. 

También es muy común que políticos manifiesten solidaridad cuando están en la oposición, pero luego en el gobierno se vuelven complacientes con las dictaduras. 

Como alternativa a las limitaciones de un gobierno en su política exterior puede actuar la diplomacia parlamentaria en derechos humanos, dado que es un poder independiente, lo cual tampoco existe en una dictadura. Por ejemplo, los legisladores nacionales pueden presentar proyectos que condenen en países dictatoriales casos de violaciones de derechos humanos y solicitar pronunciamientos de sus respectivos gobiernos en los organismos intergubernamentales; denunciar los procesos electorales que no son libres, justos y transparentes en regímenes autocráticos; reconocer la labor e iniciativas de activistas democráticos en riesgo, y recibir voces disidentes de dichos países. 

Sin embargo, los legisladores crean grupos parlamentarios de amistad con países dictatoriales en los cuales no se respeta el pluralismo político; se someten a las directivas del gobierno si son oficialistas, asumiendo una autocensura legislativa; y los partidos políticos no priorizan en sus candidaturas a personas con trayectoria en derechos humanos con un historial que puedan aplicar en su labor parlamentaria por ser referentes en la materia.

La solidaridad democrática internacional desde la sociedad civil. Si el realismo político implica en muchos casos claudicar en la denuncia internacional sobre violaciones de derechos humanos en otros países, prevaleciendo para el gobierno los “intereses nacionales” no humanitarios, entonces cobra un rol fundamental el idealismo de la sociedad civil. A diferencia de los gobiernos democráticos, que pasan, las organizaciones de la sociedad civil que logran construir buena reputación se mantienen con el tiempo y representan la esperanza de apoyo moral para quienes viven en distintos lugares del mundo en condiciones de esclavitud política.

Un principio fundamental del activismo de derechos humanos es que no deben aplicarse dobles varas para juzgar a los regímenes autoritarios, más allá de si responden a tradiciones de la izquierda o de la derecha. Las organizaciones de derechos humanos deben velar por la protección de los derechos humanos en todos lados, dado su carácter universal, y no solo en aquellos lugares donde son violados por gobiernos con los cuales no tienen afinidades ideológicas, y considerar también que la solidaridad democrática internacional tiene como prioridad los países en los cuales se reprime la libertad de asociación, expresión, reunión, protesta, y el derecho a la participación política, es decir, las dictaduras.

Inspirada en la memoria de la solidaridad recibida por los activistas de derechos humanos, perseguidos políticos, familiares de detenidos y desaparecidos, y periodistas independientes durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983), hace veinte años se constituyó Cadal, fundación privada y apartidaria basada en la Ciudad de Buenos Aires, con la misión de promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.

Como ejemplo de la labor de Cadal, apelando a la memoria, en este caso del Mundial de 1978 en la Argentina en plena dictadura militar, se implementó el año pasado la campaña “Qatar 2022: la pelota no se mancha”, que reunió más de 10 mil firmas con un pedido para que la albiceleste utilizara en su camiseta el logo de los derechos humanos en negro durante los partidos oficiales, en señal de luto por la responsabilidad del país anfitrión en las violaciones a las libertades fundamentales y las muertes de trabajadores en la construcción de los estadios. 

El triunfo del seleccionado argentino, obteniendo el pasado 18 de diciembre la copa del Mundial en Qatar, y la insensibilidad de la Asociación del Fútbol Argentino y los jugadores en contribuir a un fondo de compensación destinado a las familias de los trabajadores que murieron en la construcción de los estadios, junto a la indiferencia casi generalizada de la opinión pública argentina por las denuncias sobre Qatar, son indicadores de la importancia que cobra la labor de Cadal en la promoción de la memoria y la solidaridad democrática internacional, en especial en este 2023, en el que se cumplirán 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 40 años del retorno a la democracia en la Argentina.

 

*Miembro fundador y director general de Cadal (www.cadal.org).