Penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y juicios en ausencia: nuevas leyes que blindan al presidente Nicolás Maduro se complementan ahora con su propuesta de reformar la Constitución, avivando el temor de activistas de una “nicaragüización” de Venezuela.
“Una gran reforma” para “embellecer” la Constitución fue la bandera de Maduro al juramentarse el viernes para un tercer mandato (2025-2031), cuestionado por la oposición, quien denuncia un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y reivindica una victoria del exiliado Edmundo González Urrutia.
“Maduro quiso hacer unas elecciones al estilo Hugo Chávez, en las que se daba un baño de pueblo” y “como no le resultó la fórmula de Hugo Chávez, optó por el modelo de Daniel Ortega, que es robarse una elección y perseguir a todos los opositores”, dice Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.
Ortega y su esposa Rosario Murillo, su “copresidenta”, impulsaron en 2024 una reforma constitucional que les dio control absoluto de los poderes del Estado en Nicaragua, donde cientos de opositores han sido arrestados y forzados al exilio, en tanto a muchos, incluso, se les quitó la nacionalidad, como el caso de McFields.
“¡Aquí está el héroe, aquí está el revolucionario Nicolás Maduro Moros, y aquí está Chávez, y aquí está Bolívar”, exclamó Ortega desde una tarima donde acompañó al mandatario venezolano a celebrar su juramentación.
“Pavimentando el camino”. Aunque no se sabe qué artículos de la Constitución planteará cambiar la reforma de Maduro, el mandatario chavista ha adelantado que el objetivo es reforzar el poder de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo encargadas de tareas como la distribución de alimentos subsidiados y la captación de votantes.
Lleva meses aprobando recursos directos para la ejecución de proyectos de las comunas, lo que la oposición ve como una forma de restar poder a funcionarios electos como gobernadores y alcaldes.
El Parlamento, controlado por el partido de gobierno, ha aprobado leyes que activistas consideran que violan derechos fundamentales.
“Lamentablemente estamos aquí pavimentando el camino para una nicaragüización de Venezuela”, comentó Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, en un encuentro con corresponsales internacionales.
El sábado, en una columna escrita para este diario, Oscar Murillo, el director de Provea, una ONG de defensa de los derechos humanos, coincidió con este diagnóstico y apuntó que el objetivo es “el cierre absoluto de la participación política de los ciudadanos”.
Ya el gobierno de Maduro ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) lo investiga por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, Daniels sostiene que el nuevo paquete de leyes impuestas en Venezuela “agravará aún más” la situación para opositores y cerrará los espacios que mantiene a duras penas la sociedad civil.
El paquete de leyes vino después de que estallaran protestas contra su reelección, que dejaron 28 muertos, casi doscientos heridos y más de 2.400 detenidos. Maduro responsabilizó a la oposición por los fallecidos y denunció un complot liderado por Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su gobierno.
“Ambigüedad”. La unicameral Asamblea Nacional aprobó en noviembre una ley que castiga con pena de 25 a 30 años de prisión a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe” en la adopción de sanciones internacionales.
La legislación contempla juicios en ausencia, lo que Daniels destaca que está prohibido por la Constitución, y establece inhabilitaciones.
“Es muy clara y contundente sobre las sanciones, no hay ninguna duda, pero es muy vaga para definir qué es lo que va a castigar”, sostiene Daniels al cuestionar la ambigüedad de la ley. “Por ejemplo, considera sancionable la participación indirecta en medidas coercitivas, pero ¿qué es la participación indirecta? No lo define. Se da al sistema un enorme poder discrecional. Un funcionario te puede aplastar con un dedo”, subraya.
El espacio para la discrecionalidad es una crítica habitual en otras legislaciones promovidas por el chavismo. En agosto, el Parlamento aprobó una ley para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales, que las obliga a declarar fuentes de financiamiento, en especial si vienen del extranjero. “Formaliza la persecución a organizaciones de la sociedad civil”, criticó Murillo, el coordinador de Provea.
Por otro lado, otra ley impedirá participar de las próximas elecciones legislativas, que deberían realizarse este año, a cualquier fuerza política o dirigente que no haya reconocido la victoria de Maduro en las elecciones de julio.
Está en agenda aprobar una “ley contra el fascismo”, término que el chavismo usa para referirse a opositores, que propone la ilegalización de partidos políticos que promuevan “actividades fascistas”.
“Todos estamos en contra del fascismo, el problema es que el gobierno suele calificar de ‘fascista’ cualquier acto de la oposición”, alerta Daniels.
“Gran preocupación” de Brasil por las violaciones a los derechos humanos
Agencias
Brasil comunicó ayer su “gran preocupación” por las “denuncias de violaciones a los derechos humanos de los opositores” al gobierno de Venezuela, un día después de la investidura del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato.
“Aunque reconocemos los gestos de distensión por parte del gobierno de Maduro, como la liberación de 1.500 detenidos en los últimos meses, el gobierno brasileño deplora los recientes episodios de detenciones, amenazas y persecución de opositores políticos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La reelección de Maduro en julio pasado es cuestionada por la oposición, quien denunció fraude en esos comicios y reivindicó la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia, obligado luego a exiliarse.
Brasil no reconoció oficialmente la victoria del presidente socialista y solicitó la presentación de las actas de las elecciones, que nunca se han hecho públicas.
El gobierno del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva envió, sin embargo, a una representante –su embajadora en Caracas– a la toma de posesión de Maduro.
“Brasil exhorta a las fuerzas políticas venezolanas a dialogar y buscar un entendimiento mutuo basado en el pleno respeto a los derechos humanos”, subrayó el comunicado de la Cancillería.
El viernes, Lula y su homólogo francés, Emmanuel Macron, llamaron a Maduro a “reanudar el diálogo con la oposición”.
Brasilia anunció la noche del viernes que la frontera entre Brasil y Venezuela fue cerrada hasta el lunes, “por decisión de las autoridades venezolanas”. El gobierno de Maduro también cerró la frontera con Colombia en la madrugada del viernes, aludiendo a un “complot internacional para perturbar la paz de los venezolanos”.
Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, informó este viernes que su asociación ha registrado desde principios de año “49 detenciones con fines políticos en Venezuela”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, que sigue “con gran preocupación” la situación en el país sudamericano, pidió la liberación de todos los “detenidos arbitrariamente”.
Petro pide votar otra vez
Agencias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a plantear ayer la posibilidad de repetir las elecciones en Venezuela como fórmula para superar la crisis política que vive el país que a su juicio no se debe tanto a las políticas antidemocráticas de chavismo y a su persecución de todo tipo de disenso, sino a lo que considera el “bloqueo económico” que sufre el país, por las sanciones que golpean a los principales jerarcas del régimen.
“Si las elecciones de Venezuela no fueron libres, al realizarse bajo el bloqueo económico que se convierte en una extorsión explícita, es importante mantener la tesis del diálogo político más amplio posible en Venezuela, el levantamiento integral del bloqueo y una nueva posibilidad de expresión libre del pueblo de Venezuela”, sostuvo Petro en su cuenta de la plataforma X.
El presidente colombiano decidió a último momento no asistir a la jura de un nuevo mandato de Nicolás Maduro, el viernes. Adujo como argumento las detenciones de un dirigente político y otro social, aunque dejó en claro que no es su intención cortar relaciones con su vecino del norte.
A propósito de Venezuela, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, se trasladaron ayer a la frontera con ese país vecino con la intención de vigilar la situación tras el cierre de 72 horas decretado por Caracas por la mañana.
Los ministros realizaron un consejo de gobierno por instrucción de Petro, como parte “de las medidas adoptadas para garantizar la paz y la estabilidad regional”, informó la Cancillería hoy en un comunicado.
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros donde colindan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos y viven unos 12 millones de personas.
