Agencias
Caracas
La disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, vivió ayer un nuevo capítulo con la decisión del Parlamento de rechazar el decreto con el cual el presidente había establecido la “emergencia económica”.
La decisión profundiza el enfrentamiento político en Venezuela, sumida en una gravísima crisis, con una desbordada inflación que se ubicó en septiembre en 141,5%, severos problemas de desabastecimiento, fuerte déficit fiscal y profunda recesión.
A eso se suma la caída del precio del petróleo, principal fuente de divisas del país, que ayer tocó su mínimo histórico en 14 años, y las previsiones del FMI, que estimó para este año una inflación del 700%. Fracaso. Tras un debate de cuatro horas, la Asamblea rechazó en una votación nominal el decreto de emergencia económica de Maduro, porque responde a un modelo “fracasado” que no resolverá la crisis.
“Negamos el decreto porque es más de lo mismo. La causa del problema es un modelo económico fracasado”, dijo el diputado opositor José Guerra, presidente de la comisión legislativa que estudió el decreto dictado por Maduro hace una semana, y que recomendó al pleno votar en contra. Guerra dijo que los sectores opositores “conocen la gravedad de la crisis”, pero creen que el decreto la agravará.
La bancada opositora rechazó el decreto por 107 votos contra 53, tras un debate en el que diputados de la oposición criticaron el modelo socialista de Maduro y la minoritaria fracción oficialista defendió el decreto como necesario para enfrentar la “guerra económica” y el derrumbe de los precios del petróleo.
Poco antes, durante un encuentro con funcionarios y empresarios, Maduro había acusado a la oposición de haberle dado la “espalda al país”, con el rechazo del decreto de emergencia.
Según el gobierno, el decreto, propuesto para una vigencia de sesenta días, permitiría atender áreas como salud, educación, vivienda y alimentación, y promover acuerdos con el sector privado para reactivar la producción, mientras se transita desde un “modelo rentístico agotado” dependiente del petróleo, a uno productivo.
La nueva regulación le da facultades a Maduro para disponer recursos especiales para atender los gastos fiscales, establecer límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana en efectivo y lograr el acceso a los medios de transporte y almacenes privados, entre otras medidas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –dominado por el chavismo– declaró el miércoles la legalidad del decreto, por lo que su rechazo en la Asamblea hace prever un nuevo capítulo del choque de poderes que desató la instalación, el 5 de enero, de un Parlamento de mayoría opositora.
“Nos vemos en el TSJ (...) Sí al decreto”, gritó el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, durante la votación, que el oficialismo pidió que fuera nominal.
