Si antes eran colorados y blancos o viceversa, ahora son celestes contra rosados. Esa nueva definición de la política de Uruguay responde al reto del presidente Luis Lacalle Pou frente a la coalición de izquierda Frente Amplio, cuyo peso específico se vio en convocar a un referéndum para evaluar las medidas emprendidas por el gobierno desde hace poco más de dos años.
La negativa a la derogación de la Ley 19.899, más conocida como Ley de Urgente Consideración (LUC) se impuso por un margen ajustado en medio de encuestas que vaticinaban un número alto de indefinidos, indecisos y, finalmente, desinteresados. Fueron 1.071.600 votos contra 1.050.404.
La aprobación de la gestión de Lacalle Pou supera el 50 por ciento y, por casi la misma diferencia, logró que se mantenga la LUC, ley madre de su gobierno.
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El Frente Amplio gobernó durante tres mandatos consecutivos: de 2005 a 2020. Obtuvo en tiempo récord las firmas necesarias para convocar al referéndum.
La ley en cuestión, votada por el Congreso en medio de la pandemia entre abril y junio de 2020, tiene 476 artículos, de los cuales 135 son recurridos, como el aumento de años de prisión para varios delitos, el agravamiento de casos de narcotráfico, la pena por trabajo o estudio para delitos graves, la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado y la libertad al trabajador a cobrar en cuenta bancaria o efectivo y la prohibición de piquetes que impidan la libre circulación, entre otras.
El referéndum consistía en el sí o el no a la derogación de la LUC frente las denuncias de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, de abusos de policiales y pérdidas de derechos. En contraste, Lacalle Pou señaló que la derogación iba a ser un retroceso.
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En Uruguay se hicieron tres referéndums sobre leyes. Uno durante el gobierno de Julio Sanguinetti, en 1989, para ratificar la ley de amnistía a militares que participaron de la dictadura militar. Otro en 1992, durante la presidencia de Luis Lacalle, el padre de Lacalle Pou, para derogar la reforma de empresas públicas con privatizaciones parciales. Y el anterior, durante el gobierno de Jorge Batlle, en 2003, para derogar la ley de desmonopolización de combustibles. La nueva era rompe con el bipartidismo tradicional.
