Un nuevo asesinato a un periodista en México vuelve a conmocionar el país y ya son nueve las víctimas fatales este año, lo que lo convierte en el tercer país con más periodistas atacados.
Luciano Rivera, quien trabajaba como reportero para el canal CNR, fue asesinado de un disparo en la cabeza en las inmediaciones del bar “La Antigua”, ubicado en el bulevar Benito Juárez en el Centro de Rosarito. Así lo confirmó la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de dicha localidad al diario local Zeta.
Mientras tanto, organizaciones de periodistas nacionales e internacionales denuncian que la impunidad sigue matando a defensores de derechos humanos y periodistas en México, ya que sus crímenes no se investigan ni se castigan.
Antecedentes más recientes. El caso más actual fue el del periodista Salvador Adame, propietario de un canal de televisión en Michoacán. El cuerpo carbonizado de Adame fue localizado el 14 de junio en un terreno de la “Barranca del Diablo” en Nueva Italia. Fue secuestrado el 18 de mayo solo tres días después del asesinato del también periodista Javier Valdez en Sinaloa.
En el país, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) es el organismo encargado de proteger al gremio, pero quienes han estado bajo situaciones de riesgo desconfían de esta instancia por su ineficiencia para actuar y la burocracia en sus procesos.
Según explicó el portal mexicano Sin Embargo, en seis años documentó 2020 ataques a periodistas. De 800 investigaciones abiertas, la FEADLE sólo resolvió tres casos. "En el 53 por ciento de los casos de agresiones registrados en 2016 los responsables son funcionarios públicos", precisó.
En junio pasado, el diario estadounidense The New York Times destapó un escándalo que involucró al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en acciones de espionaje en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Entre los periodistas espiados se encuentran Carmen Aristegui, una de las más críticas en el país, y Daniel Lizárraga quien encabezó al equipo de investigación que destapó el llamado escándalo de la “casa blanca”, que involucra a la Primera Dama en la compra de una mansión de más de 7 millones de dólares a un contratista del gobierno.
La respuesta del Presidente fue más que polémica al señalar que también se había sentido espiado y aseguró que no había pruebas de que su gobierno ejerciera esta práctica. Después tuvo que rectificar su declaración.
En la administración de Peña Nieto se han registrado al menos 43 asesinatos de periodistas, de acuerdo con la organización local Artículo 19.
