Iñaki Urdangarín pensaba que nadie sospecharía del yerno del rey. Pero hoy, 8 años después de haber iniciado sus negocios turbios, está a punto de escuchar el veredicto final. Si el juez José Castro lo encuentra culpable de crear y liderar una trama empresarial de lavado de dinero, el esposo de la infanta Cristina de España podría permanecer en la cárcel durante 19 años y 6 meses. Para Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, "parece que fuera un delito de sangre, como si fuera un asesinato".
La Fiscalía Anticorrupción española pidió al Juzgado que investiga el "Caso Nóos" esta condena al cuñado del rey Felipe VI por considerarlo culpable de desviar hasta 6,2 millones de euros de las arcas públicas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Su socio en el entramado corrupto disfrazado de ONG, Diego Torres, podría ser sentenciado a 16 años de prisión.
El fiscal Pedro Harrach, de la Fiscalía dependiente del Ministerio Público español, explicó que Urdangarín y Torres pusieron en marcha una "estructura hueca de contenido real" mediante la cual llevaron a cabo "una maraña de facturación ficticia" para adueñarse de dinero público. Estos fondos (destinados en teoría a la organización de eventos deportivos y culturales) eran administrados mediante el Instituto Nóos, que "manejaron a su antojo".
En el informe presentado al juez, la Fiscalía además pide que la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos I, pague una "fianza de responsabilidad civil" de 587.413 euros. La Fiscalía considera que no existen indicios firmes de que la princesa española cometió delito, aunque reconoce que obtuvo beneficios de los fondos estatales desviados mediante una empresa ficticia llamada "Aizoon".
En el escrito de 572 páginas presentado el martes por el fiscal Harrach, se explica la inexistencia de datos, indicios o documentos que involucren a la infanta Cristina, y señala la "vulneración de la presunción de inocencia" sufrida por la hermana del rey Felipe y la "falta de coherencia" al imputarle delitos. De hecho, la infanta fue imputada por defraudar, presuntamente, hasta 337.138 euros al fisco español.
