La seguridad se ha consolidado como la principal preocupación de los colombianos, desplazando incluso a temas económicos en la agenda pública. Este deterioro percibido responde a un aumento sistemático de la violencia en regiones rurales y una creciente inseguridad ciudadana en los núcleos urbanos.
El fenómeno central de esta crisis es el recrudecimiento de las acciones de grupos armados organizados, principalmente las disidencias de las FARC y el ELN.
En el último año, la estrategia de las guerrillas ha retomado el uso de atentados terroristas mediante explosivos y ataques con drones, afectando tanto a las fuerzas de seguridad como a los civiles. La semana pasada un atentado con explosivos de la disidencia de las FARC provocó la muerte de 21 civiles. Estos eventos no solo dejan un saldo trágico de pérdidas humanas, sino que generan un clima de zozobra que fractura la confianza en las instituciones. Los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño se han convertido en el epicentro de esta ofensiva, donde el control territorial por el narcotráfico y la minería ilegal alimenta el conflicto.
La política de “paz total” enfrenta su mayor reto ante la falta de voluntad de cese al fuego por parte de las facciones guerrilleras. Es el condicionante central de estas elecciones.
