La democracia en Venezuela viene sufriendo un proceso de erosión desde hace años, y eso no debería ser una novedad para prácticamente nadie. De acuerdo con el informe de The Economist, Venezuela es el país con el peor desempeño democrático de la región, con una calificación de 3/10 que lo ubica en una posición aún más autoritaria que otros regímenes latinoamericanos como Nicaragua. A su vez, el informe de Varieties of Democracy (V-Dem) parece coincidir con esta percepción: para el organismo sueco, uno de los más importantes a la hora de medir la calidad democrática en el mundo, Venezuela es una autocracia electoral, y se diferencia de un autoritarismo cerrado solamente porque el país sudamericano suele convocar a elecciones, aunque ellas no obtienen las características básicas para ser considerada una democracia. Sin embargo, estos comicios que separan a Venezuela de una autocracia consolidada, ¿se harán realidad?
En el segundo semestre de 2024 Venezuela debería atravesar elecciones presidenciales y según el último acuerdo de Barbados celebrado entre el oficialismo y la oposición, el gobierno se comprometió a garantizar que la instancia electoral sea libre, democrática y abierta a todos los partidos que quieran participar. Tras ese antecedente y después de la celebración de las primarias de la oposición en octubre, que le dieron una abrumadora victoria a María Corina Machado para disputarle la presidencia a, probablemente, Nicolás Maduro, había algún mínimo indicio de que las tan ansiadas elecciones podrían ser una realidad.
Sin embargo, los sucesos que ocurrieron en las últimas semanas parecen alejar cada vez más esa posibilidad.
En primer lugar, la inhabilitación de María Corina Machado días después de dichas primarias y la confirmación en las últimas semanas de que, según la Justicia, no podrá ser la candidata que represente a la agrupación más importante de partidos de la oposición, abre la pregunta de si verdaderamente todos las coaliciones podrán competir en igualdad de condiciones contra el oficialismo en las potenciales elecciones presidenciales del segundo semestre del 2024, cuya fecha todavía es incierta.
Pero, además, a la inhabilitación de María Corina Machado se suma una contraofensiva, tanto interna como externa, del gobierno de Maduro. El pasado 9 de febrero la abogada, activista y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, antes de abordar un vuelo a Estados Unidos bajo la acusación de que ella estaba involucrada en un supuesto complot para asesinar al presidente Maduro. Al día de hoy, San Miguel continúa presa en el centro El Helicoide, incomunicada y sin derecho a un abogado. Pero si la detención de la activista venezolana no fuera un mensaje lo suficientemente poderoso para la comunidad internacional, la semana pasada el canciller de Venezuela anunció el cierre y la expulsión de todo el personal de la oficina en Caracas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quienes estaban en territorio venezolano desde hace varios años debido a la investigación llevada a caso por la entonces presidenta Michelle Bachelet, en donde se manifestaba la preocupación por las de-sapariciones forzadas, casos de tortura, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones que fueron presentadas ante el tribunal de Ginebra. El problema de la expulsión de este organismo es que además de que ocurren en una ola de sucesos autoritarios, anula una de las pocas fuentes de información o de conocimiento sobre lo que ocurre con los Derechos Humanos en Venezuela y obstaculiza una potencial vía de recepción de ayuda humanitaria.
¿Es casual que la detención de una reconocida activista y el cierre de un organismo de la ONU tan relevante ocurran prácticamente en la misma semana? No necesariamente. Después del Acuerdo de Barbados y la negociación con Estados Unidos por la liberación de varios presos norteamericanos en Venezuela a cambio de la extradición de Alex Saab, el gobierno de Nicolás Maduro busca que el país norteamericano le levante las sanciones económicas a Venezuela con la esperanza de que la situación social, financiera y humanitaria mejore en la nación bolivariana. Sin embargo, desde Washington dijeron que las sanciones probablemente no se levanten hasta que Maduro dé muestras sólidas de querer convocar a elecciones democráticas. Así, la administración Biden y el régimen de Maduro están jugando a lo que comúnmente se llama un “Juego de la Gallina”: una negociación en donde ninguna de las partes busca hacer concesiones sino, que, por el contrario, cada uno intensifica su estrategia forzando a que el otro ceda. Con esta táctica, el presidente venezolano no solo demuestra hasta dónde es capaz de llegar sino que, al mismo tiempo, podrá determinar hasta qué punto Estados Unidos está comprometido con la búsqueda de institucionalidad en Venezuela en un contexto global en donde claramente la realidad latinoamericana no es prioridad para el país norteamericano.
Y si la situación en el plano interno ya es preocupante, la política exterior no parece mucho mejor. En las últimas semanas hubo más declaraciones sobre la disputa territorial relativa al Esequibo.
El sábado 17 de febrero Venezuela reiteró, en un nuevo aniversario del Acuerdo de Ginebra de 1966, que éste es el único instrumento válido para resolver el conflicto de disputa territorial con Guyana. Maduro sostuvo que buscará una solución a través del diálogo, pero acusa a Guyana de violar este acuerdo. La ONU expresó su preocupación por la tensión entre ambos países y llamó a la resolución pacífica de controversias. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Todd, denunció un despliegue militar de Venezuela cerca de su frontera. El diplomático aseguró que existen “inconsistencias” entre lo que el gobierno venezolano muestra a la comunidad internacional en términos de diplomacia con respecto a sus acciones militares. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro explicó el domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela está llevando a cabo una “presencia no hostil en el territorio Esequibo” para avanzar en su “defensa integral”. Finalmente, Estados Unidos no ve indicios de que Venezuela pueda llevar a cabo hostilidades contra Guyana, a pesar del mencionado despliegue militar por parte del régimen de Maduro a la frontera con el país caribeño. Sin embargo, las tensiones entre ambos países, que habían disminuido, volvieron a encenderse en los últimos días después que la petrolera Exxon Mobil anunciara el pasado martes la perforación de dos pozos en aguas en disputa.
Podríamos preguntarnos si la intención nacionalista de Maduro le servirá electoralmente. Sin embargo, ante este interrogante deberíamos preguntarnos primero: ¿habrá verdaderamente elecciones libres?
*Licenciado en Relaciones Internacionales (UCA) y co-host del podcast “El Cafecito Latinoamericano” en Spotify. ** Licenciada en Ciencias Políticas (UCA). Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA).
