La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó este lunes al gobierno de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 venezolanos. La medida elimina la protección contra la deportación y los permisos de trabajo para personas que huyeron de la crisis en su país de origen. La decisión se da en el marco de una política migratoria más dura, y pese a advertencias sobre la situación humanitaria en Venezuela.
La resolución responde a una solicitud del Departamento de Justicia para anular una orden del juez federal Edward Chen, de San Francisco, que en 2021 había paralizado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el beneficio humanitario. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que expresó públicamente su disenso.
El TPS es una herramienta humanitaria que permite a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes, que ofrece a los beneficiarios que viven en Estados Unidos protección contra la deportación y acceso a permisos de trabajo. Puede ser renovado por la secretaria de Seguridad Nacional.
Donald Trump contra la Corte Suprema: "No me permite hacer aquello para lo que que me han elegido"
La administración de Joe Biden había otorgado esa protección a venezolanos en 2021 y extendido su vigencia hasta 2026. Sin embargo, Noem, designada por Trump, revocó esa decisión argumentando que la situación en Venezuela había mejorado y que la permanencia de los beneficiarios era “contraria al interés nacional”. En febrero, Noem había anunciado que las deportaciones comenzarían el 7 de abril, aunque estaban en pausa judicial.
El juez Chen había frenado esa decisión, considerando que la medida se basaba en "estereotipos negativos" al insinuar que los migrantes venezolanos eran criminales. "La generalización de la criminalidad a la población venezolana con TPS en su conjunto carece de fundamento y huele a racismo basado en falsos estereotipos generalizados", escribió Chen en su fallo, añadiendo que los titulares de TPS venezolanos tenían más probabilidades de ser licenciados que los estadounidenses y menos probabilidades de cometer delitos que la población estadounidense en general.
El Departamento de Justicia sostuvieron ante la Corte que el fallo de Chen había "arrebatado el control de la política de inmigración de la nación" al Poder Ejecutivo. La Corte Suprema finalmente le dio la razón, permitiendo que el Ejecutivo avance con la revocación mientras se sigue litigando el fondo del caso.
"La orden del tribunal contraviene las prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente las decisiones políticas sensibles en un área de la política de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, de ritmo rápido y discrecional", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Organizaciones de derechos humanos, grupos migrantes y los propios demandantes alertaron que esta decisión "privaría de autorización de trabajo a casi 350.000 personas que viven en Estados Unidos, las expondría a la deportación a un país inseguro y costaría miles de millones en pérdidas económicas en todo el país".
El Departamento de Estado actualmente advierte contra los viajes a Venezuela "debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestro, la aplicación arbitraria de las leyes locales, el crimen, los disturbios civiles, la mala infraestructura de salud".
RM/fl
