Los problemas judiciales que enfrenta Luiz Inácio Lula da Silva comienzan a hacer efecto no solo sobre su ánimo y su poder político, sino también sobre sus finanzas personales y las del Instituto que lleva su nombre y promueve su figura.
El miércoles pasado, el Instituto Lula subastó en un bar de San Pablo cincuenta lotes de fotografías donadas por diferentes fotógrafos profesionales que registraron al ex presidente a lo largo de los años. Cada pieza, informó Folha de São Paulo, contenía el autógrafo del autor de la foto y del propio Lula.
Según el diario, la subasta permitió al instituto tapar varios rojos de su presupuesto y pagar parte de los gastos de defensa del ex presidente.
Bloqueo. Al condenar a Lula, el ex juez federal del Lava Jato, Sergio Moro, que dejó su cargo para asumir como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, bloqueó todos los fondos propios del líder del PT: 2,3 millones de dólares en dos fondos de retiro privados y poco más de 160 mil dólares en una caja de ahorro. Moro también le impidió al ex presidente el acceso a la herencia de su mujer, Marisa Leticia, fallecida en febrero de 2017.
De acuerdo con Folha, el Instituto saldará ahora una deuda que tiene con la empresa Lils Palestras, que pertenece al ex presidente, y que fue la que hasta ahora pagó los gastos de los abogados que lo defienden en los procesos del Lava Jato.
Lils Palestras, que organizaba las conferencias que Lula daba por todo el mundo tras dejar la presidencia, en 2010, “ya no tiene recursos; todo lo que tenía lo gastó en la defensa” del ex presidente, dijo a ese medio el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. “Por eso estamos estudiando usar una parte de este dinero para pagar a los abogados y a la Lils”.
La ley impide al Instituto costear la defensa de Lula, pero la empresa sí lo puede hacer. “Lils donó bastante dinero, unos 700 mil reales, para el Instituto Lula. Pero desde que comenzó el Lava Jato tuvo problemas para recaudar aportes” entre empresarios, agregó Okamoto. Según él, Lula ya gastó unos cinco millones de reales, 1,3 millones de dólares, en su defensa.
Ante la falta de recursos, un empleado del PT se radicó en Curitiba, donde está preso el ex presidente, para atender sus necesidades. La principal función de este colaborador es recibir correos electrónicos de familiares, amigos y compañeros de militancia del líder petista, imprimirlos y entregárselos a los dos abogados que visitan diariamente a Lula en la prisión. El ex presidente, por su parte, responde con cartas manuscritas que son entregadas a ese empleado, quien las transcribe en correos electrónicos que envía a sus destinatarios.
