Dewayne Johnson es un jardinero de escuelas de San Francisco que utilizaba el herbicida Round up en su trabajo diario, entre 2012 y 2014, sin saber a qué se exponía. El producto, fabricado por Monsanto, contiene altos porcentajes de glifosato, el herbicida más cuestionado del mundo.
Hace cuatro años que a Johnson, de 46 años, empezaron a aparecerle las primeras señales de la enfermedad. Se le formaba un sarpullido que le afectaba casi el 80% de su cuerpo. Los médicos le diagnosticaron linfoma no Hodgkin, es decir, cáncer en los linfocitos de la sangre. Ahora aseguran que le quedan apenas meses de vida.
De todas maneras, parece que por primera vez en la historia de la multinacional, la balanza se torció, el viernes pasado, para el lado indicado: la Justicia de California condenó a Monsanto a pagar 289 millones de dólares por el caso de Dewayne.
Tras cuatro semanas de juicio y la amplia argumentación ofrecida por los abogados demandantes, el jurado determinó que “Monsanto actuó de manera malintencionada y que su herbicida Round up, así como su versión profesional RangerPro, contribuyeron considerablemente en la enfermad de Johnson”.
Inédito. El gigante químico alemán Bayer, que adquirió en junio Monsanto por unos 63 mil millones de dólares, se mostró ayer molesto con la millonaria condena contra su nueva filial Monsanto, en Estados Unidos. Scott Partridge, uno de los vicepresidentes de Monsanto, aseguró que si bien siente “empatía” por Johnson, el fallo “no cambia el hecho de que más de 800 estudios y revisiones” de organismos como la Agencia de Protección Ambiental y el Instituto Nacional de Salud, ambos de Estados Unidos, “apoyen el hecho de que el glifosato no causa cáncer”.
Por eso, Monsanto anunció de inmediato que iba a apelar .
Los verdes. El partido ecologista Los Verdes celebró el fallo de la Justicia californiana. “Hace décadas que Monsanto actúa con total impunidad con la meta de buscar un beneficio a todo coste. Eso implica que ha disimulado la peligrosidad de sus productos, una peligrosidad demostrada por los estudios”, dijo David Cormand, de Los Verdes, respecto de lo que consideró una “victoria histórica”.
De todas maneras, luego del juicio, el grupo farmacéutico alemán no detendrá la producción del glifosato, utilizado a nivel global en la agricultura por su eficacia y su bajo costo.
Actualmente, la empresa enfrenta miles de demandas similares en Estados Unidos, pero niega todo nexo entre el cáncer y sus productos. Si bien se trata de un caso en particular y no una demanda colectiva, la sentencia es importante tanto para Bayer como Monsanto, porque es la primera que se dicta y puede ser un indicativo de cómo serán los otros juicios. El ministro de Ecología francés, Nicolas Hulot, criticó ayer a la multinacional por utilizar glifosato. “Monsanto Bayer no tiene, en ningún caso, como objetivo el bienestar de la humanidad”, pero sí “el de sus accionistas”, declaró.
La Organización Mundial de la Salud catalogó al glifosato como “cancerígeno probable” en 2015. Sin embargo, en noviembre pasado, la Unión Europea renovó hasta 2022 la licencia para el uso del herbicida en los países del bloque continental.
El caso argentino
Fabián Tomasi se define a sí mismo como “la sombra del éxito sojero” argentino. Durante años trabajó en un campo en Entre Ríos, guiando avionetas, en contacto directo con químicos para fumigar cultivos. Hoy, su cuerpo es una prueba fiel de lo que vivió y se convirtió en un símbolo de la lucha para concientizar al mundo del desastre que generan los agrotóxicos en las poblaciones. Padece polineuropatía tóxica severa, una enfermedad que no le permite comer sólidos y lo mantiene piel y hueso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hace años que tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan desde principios de los 90. La demanda contiene casos emblemáticos, como el de Fabián Tomasi.
En una carta abierta, él contó que “un 55% de los internados en el Garrahan por cáncer provienen de nuestra provincia (Entre Ríos)”.
