Perú ya tuvo tres presidentes encarcelados (Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) en las últimas dos décadas. El expresidente Alan García se suicidó por la presión de ser acusado por corrupción, y Alejandro Toledo se encuentra en vías de ser extraditado desde los Estados Unidos. Pedro Castillo será pronto el cuarto presidente de Perú en ser encarcelado y obligado a responder ante la Justicia, pues fue destituido por sedición al haber decretado inconstitucionalmente el cierre del Congreso.
Durante su gobierno, el ya expresidente buscó ampliar apoyos e intentó hacer un gobierno de coalición, y esto le costó quedarse sin partido político, pues Perú Libre, el partido de izquierda marxista que lo catapultó al poder, decidió abandonarlo. Los motivos fueron el rechazo a los deseos del partido de gobernar como minoría e imponer funcionarios sin idoneidad para ejercer cargos públicos.
Castillo, aislado, tampoco poseía capital social como para construir puentes con otros actores políticos y, por ende, para constituir un gobierno más amplio. Sin mayoría en el Parlamento, logró apenas sumar algunos aliados circunstanciales para evitar su destitución en el Congreso.
El ahora expresidente Castillo, sin capacidad para imponer una agenda de gobierno o para dar dirección política adecuada, terminó ahogándose bajo presuntas acusaciones de corrupción, las mismas que, amplificadas por los medios de comunicación, lo llevaron a improvisar. Su círculo personal más próximo actuó de forma desleal y optó por denunciarlo en la medida en que no obtenía favores personales.
En la última semana, obtuvo una victoria significativa cuando el Tribunal Constitucional desestimó la acusación de traición a la patria por unas declaraciones en las que ofreció una salida al mar a Bolivia. Sin embargo, esa victoria fue sobredimensionada por el exmandatario, quien creyó ingenuamente que cerrar el Congreso llevaría a la opinión pública a manifestarse a su favor en las calles.
A pesar de que el día en el que el Congreso discutiría por tercera vez sobre su destitución, la oposición no contaba con los 87 votos parlamentarios para conseguirlo, la decisión del exmandatario no tenía ningún respaldo político. Aun así, decidió precipitadamente decretar el cierre del Congreso.
Ante este movimiento, la cámara se reunió de inmediato en sesión para declarar la incapacidad moral del presidente y, pocas horas después de su decisión desacertada, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. Al cabo de pocas horas, Dina Boluarte fue reconocida por el Congreso de la república como su sucesora. Boluarte, que viene de las filas de Perú Libre, fue finalmente expulsada de su partido al declarar que no abrazaba su ideario.
Lo cierto es que la asunción de Boluarte a la Presidencia es la sexta en seis años. Boluarte no tiene ningún apoyo formal en el Congreso y por eso intentará constituir un gabinete plural. De no lograrlo, las probabilidades de que sea destituida son muy altas.
Este peligro radica en particular en la extrema derecha, que cuenta con diferentes bancadas y tiene un destacado protagonismo. Estas formaciones están dispuestas a desgastar el aparato institucional peruano mientras no exista sintonía ideológica con el gobierno. Partiendo del hecho de que Dina Boluarte es una mujer de izquierda, cualquier agenda diferente sería motivo suficiente para sustituirla.
Existe evidencia de que la oposición (especialmente la de extrema derecha) actuó de forma desleal y con fundamentos poco constitucionales para destituir al expresidente Castillo. Y es que las prerrogativas de control político dan visibilidad a sus parlamentarios, que poco se comprometen con las demandas urgentes del país.
No hay duda de que este récord de inestabilidad del sistema político en el Perú se sustenta en el propio diseño institucional, que da pie a la confrontación, en lugar de la cooperación. De hecho, el ejercicio del poder en el país se reduce a la presencia de un presidente con muchos recursos políticos frente a parlamentarios que, para convertirse en opciones de alternancia, no pueden apelar a otra estrategia que la de la confrontación, incluso siendo desleales con el régimen democrático, si hace falta.
Si Castillo hubiera aceptado la vacancia, quizás políticamente habría salido fortalecido. El diseño institucional peruano hizo que Castillo optase por salir equivocadamente de la constitucionalidad vigente. Y ese fue un grave error.
Con su decreto, esperaba llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Sin embargo, nada garantizaba que un nuevo Congreso le fuera favorable, dado que no tenía partido ni representaba una propuesta ideológica concreta. Es decir, se habría tratado del ejercicio del poder sin finalidad clara y sin ninguna propuesta determinada para el segmento del electorado que le aupó al poder y que tanto demanda cambios sociales.
Lo que Pedro Castillo realmente consiguió fue juntar a todos en su contra y con ello hacer inviable cualquier movimiento progresista en el Perú.
* Profesor e investigador asociado de la Universidad Federal de Goiás (Brasil).
Posdoctorado en la Universidad de San Marcos (Perú). Especialista en estudios comparados sobre América Latina.
