El gobierno de Nicolás Maduro convocó el 30 de julio a la Asamblea Nacional Constituyente, donde reformará la Carta Magna sancionada en 1999 bajo la presidencia de Hugo Chávez. La iniciativa fue impulsada mediante un decreto del jefe de Estado y no incluyó el llamado a un referéndum, por lo que la oposición y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, la calificaron como inconstitucional.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunció esta semana que desconocerá la constituyente y optará por la desobediencia civil al gobierno, buscando prolongar las protestas en las calles que estallaron hace casi tres meses y dejaron 75 muertos.
Por su parte, Ortega Díaz, una funcionaria que fue aliada pero rompió con el gobierno en mayo al denunciar la “ruptura del orden constitucional”, recibió en el Ministerio Público a sectores chavistas críticos con Maduro, como la agrupación Marea Socialista, que califica la jugada de Maduro como un “fraude” y llama al electorado a la abstención.
En la escena internacional, la asamblea general de la OEA, celebrada en Cancún, no incluyó en su declaración final la crisis de Venezuela, ante la negativa de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y otros países a condenar a Caracas. Maduro anunció que su país dejará el organismo, salvo que renuncie el secretario general, el uruguayo Luis Almagro, una de las voces más duras con su gobierno.
A poco más de un mes de las elecciones constituyentes, Venezuela se asoma a un abismo político. Maduro planea desembarazarse del Parlamento y de la fiscal general, mientras que éstos denuncian la violación de la Constitución y desconocen al cuerpo que redactará el nuevo orden institucional.
