La reciente filtración de WikiLeaks de casi 9 mil documentos de la CIA, que revelan un plan orquestado por la inteligencia norteamericana para hackear productos de Apple, teléfonos con Android, el sistema operativo Windows y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, reavivó una guerra subterránea entre las principales compañías tecnológicas y el gobierno de Estados Unidos. Esa filtración, bautizada Vault 7, comprometió la seguridad de la mayoría de los productos diseñados en Silicon Valley, alarmado por el impacto económico de esas fallas operativas.
Paradójicamente, las revelaciones comprenden actividades de la CIA entre 2013 y 2016, cuando Donald Trump no estaba en el poder. Sin embargo, el presidente tendrá que lidiar con el descontento de Google, Microsoft y Apple, víctimas del Centro para la Ciber Inteligencia de Langley. ¿Podrá apaciguarlas? O, por el contrario, ¿abrirá un nuevo frente de conflicto con ellas?
El escándalo no dejó a nadie indiferente en la política norteamericana. Sin embargo, hubo un singular silencio: el del jefe de Estado en Twitter. Consultado por la prensa, su vocero Sean Spicer dijo que el republicano está “extremadamente preocupado”. “El presidente indicó que cualquiera que filtre información clasificada será sometido a la ley. Perseguiremos a los que filtren información confidencial, y lo haremos en el máximo grado que permita la ley”, afirmó.
Para Trump, la situación política es muy delicada. Cuando WikiLeaks filtró los correos privados del Partido Demócrata durante la campaña presidencial, el mandatario alabó a Julian Assange, atacó a los demócratas y le pidió a Rusia que espiara a Hillary Clinton.
Cortocircuito. Según comunicaron las tecnológicas, las supuestas fallas de seguridad que revelan las filtraciones ya habrían sido reparadas en las últimas actualizaciones de sus softwares. “Estamos seguros de que las actualizaciones de seguridad y protecciones tanto en Chrome como Android ya protegen a los usuarios de la mayoría de estas supuestas vulnerabilidades. Nuestro análisis continúa e implementaremos las medidas de seguridad que sean necesarias. Siempre hemos hecho de la seguridad una prioridad y continuamos invirtiendo en nuestras defensas”, aseguró Heather Atkins, directora de Seguridad y Privacidad de Google. Microsoft y Apple se expresaron en el mismo sentido, en una estudiada campaña de prensa para controlar los daños a su imagen y reputación.
En tanto, el vínculo entre Silicon Valley y el gobierno estadounidense quedó profundamente dañado. Hace cuatro años, las revelaciones de Edward Snowden ya habían generado chispazos entre los empresarios y la Casa Blanca. Según el ex agente de la NSA, las firmas entregaban datos de sus usuarios a la agencia de inteligencia, como parte de un programa masivo de espionaje llamado Prism. El ex presidente Barack Obama, de diálogo fluido con Mark Zuckerberg y Bill Gates, entre otros, logró recomponer el vínculo.
Pero el año pasado las tensiones volvieron a aflorar cuando Apple se negó a colaborar con el Departamento de Justicia para hackear el iPhone de uno de los terroristas que atacó San Bernardino, California. “El gobierno le está pidiendo a Apple que hackee a sus propios usuarios y menoscabe décadas de innovaciones que protegen a nuestros clientes”, informó el CEO Tim Cook en una carta abierta. Finalmente, la Casa Blanca logró acceder a los datos del teléfono sin la ayuda de la empresa.
Ahora, la nueva filtración amenaza con dinamitar definitivamente las relaciones. “Esto desafiará esos lazos hasta un cierto punto. Pero no veo a las compañías levantándose de la mesa de diálogo. El gobierno y la industria todavía se necesitan mutuamente”, afirmó a The New York Times David Gutelius, director ejecutivo de marketing de Motiva, contratista del gobierno en proyectos de seguridad nacional.
El divorcio de Silicon Valley y Trump viene de larga data. Durante la campaña, todos los popes del mundo 2.0 apoyaron a Clinton, salvo Peter Thiel, fundador de Paypal. Tras firmar el polémico decreto antimigratorio, 97 tecnológicas se presentaron ante la Justicia como amicus curiae –terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para la resolución de una causa– para oponerse a la medida. Si esa orden ejecutiva hubiese entrado en vigor décadas atrás, Steve Jobs, hijo de un refugiado político sirio, nunca hubiera fundado Apple. En Palo Alto, el talento no tiene fronteras. Y Trump, es persona no grata.
