La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena de seis años de prisión en su domicilio actual, donde vive junto a su hija Florencia, bajo la custodia habitual y sin el uso de tobillera electrónica. Mientras tanto, la fiscalía insiste en que debe ser detenida de forma urgente.
La defensa de la expresidenta, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un escrito de 13 páginas ante el Tribunal Oral Federal 2 poco después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema. Allí solicitaron que se evite su paso por una alcaidía y se ordene directamente el arresto domiciliario en la propiedad ubicada en San José 1111, según informaron fuentes judiciales.
El juez Jorge Gorini, integrante de ese tribunal, otorgó un plazo de cinco días hábiles a todos los condenados para que se presenten personalmente en los tribunales de Comodoro Py 2002 y queden bajo detención. Además, pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que proponga sitios adecuados para alojar a los detenidos hasta que se resuelvan los planteos pendientes.
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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la "inmediata detención" de Cristina Kirchner. Consideran que el plazo otorgado es excesivo, ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional, lo que podría dilatar el proceso.
El pedido de arresto domiciliario fue ingresado por la defensa poco después. En el escrito, se hace referencia a la edad de la exmandataria, de 72 años, y a los riesgos que enfrenta por motivos de seguridad, especialmente tras el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, además de su condición de expresidenta.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, argumentaron sus abogados.
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También afirmaron que alojarla en una prisión común “de manera alguna no es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”.
Según la defensa, llevarla a una cárcel implicaría un aislamiento total y vigilancia constante, condiciones que, a su entender, no se ajustan a lo que establece la Constitución ni los tratados internacionales sobre la ejecución penal.
Por estos motivos, solicitaron que la exvicepresidenta cumpla la condena en su hogar sin tobillera electrónica, ya que cuenta con custodia permanente y consideran que el dispositivo “es completamente innecesario”, aunque su uso está previsto por la Ley de Ejecución Penal.
NG/LT
