La caja del impuesto a los combustibles, los gobernadores y los votos en el Congreso quedaron unidos por una misma trama en la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Acusó al Gobierno de Javier Milei de haber utilizado fondos viales destinados exclusivamente por ley a hacer y mantener rutas para presionar a las provincias y a sus gobernadores y conseguir la aprobación exprés de sus principales proyectos legislativos. Perfil accedió a la denuncia que presentó la legisladora quien no quiso hacer más comentarios.
A partir de la Ley 23.966, que estableció el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), se conformó una caja de recursos con asignación específica para el sistema vial. Parte de esa recaudación alimenta el Sistema Vial Integrado (SisVial), destinado a financiar obras de construcción, mantenimiento, rehabilitación y conservación de rutas.
Dicho esto, la denuncia no hace más que ponerle nombre, apellido y cifras políticas a un dato que ya había sido revelado por PERFIL, en una investigación publicada el 2 de agosto por su editor de Economía, Ezequiel Orlando. Donde se informó que el Gobierno había recaudado $1,35 billones desde que asumió Luis Caputo a través del impuesto a los combustibles líquidos sin ejecutar esos recursos para el mantenimiento de las rutas nacionales.
Una semana después, el 9 de agosto, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación una investigación sobre esa misma caja de recursos, y señaló que más de $1 billón permanecería colocado en inversiones financieras, plazos fijos y títulos públicos bajo la administración del Ministerio de Economía mientras las rutas nacionales se deterioran y el Estado subejecuta los fondos destinados a obras viales.
Los datos difundidos por Pagano dicen que los giros de dinero a las provincias no respondían a necesidades de infraestructura, sino al calendario legislativo del Congreso. Señaló que los días de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que el resto del mes, operando como un canal de presión hasta el último minuto.
La propia legisladora lo ilustró con una suerte de “lista de precios” legislativa, en la que vinculó los desembolsos realizados a través del Banco Nación, con distintas votaciones y recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial):
Ficha Limpia: $7.895 millones girados el 7 de mayo de 2025 a la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy, en coincidencia con el rechazo del proyecto en el Senado tras el cambio de voto de los senadores de Misiones (Punto 10, páginas 4 y 5). Acuerdo con el FMI: $6.596 millones desembolsados el 21 de marzo de 2025, concentrados casi íntegramente en Santa Cruz, luego de la aprobación del DNU 179/2025 (Punto 11, página 5). Asimismo, se menciona que el gobernador de Jujuy garantizó el apoyo del diputado nacional Jorge Rizzotti (Punto 11, página 5). Sesiones sobre vetos: $20.983 millones concentrados en beneficiarios provinciales durante la semana de agosto de 2025 en la que el Congreso trató los vetos presidenciales (Punto 12, página 5).
Reforma laboral (Febrero 2026): $17.139 millones girados entre el 11 y el 13 de febrero de 2026, vinculados al acompañamiento de los diputados misioneros de Innovación Federal y del jujeño Jorge Rizzotti (Puntos 13 y 17, páginas 5, 6, 7 y 8). Ley de Glaciares (Abril 2026): $12.551 millones girados entre el 8 y el 10 de abril, figurando Salta entre las provincias beneficiarias (Punto 17, páginas 7 y 8). Hojarasca y Zonas Frías (Mayo 2026): $14.096 millones desembolsados entre el 19 y el 21 de mayo de 2026. Salta recibió fondos que, sumados a los de la ventana anterior, superaron los $1.787 millones (Punto 17, páginas 7 y 8).
Durante las tres ventanas de 2026 -según la denuncia-, se desembolsaron $33.786 millones, equivalente al 52,7% de todo lo pagado por el SisVial durante los primeros cinco meses del año.
La ruta no se arregla, pero el voto se paga
La denuncia sostiene que existe una “subejecución de los fondos con destino vial” y detalla que, desde diciembre de 2023, se recaudaron $1.503.252 millones, de los cuales se ejecutaron $394.406 millones, que representa una subejecución del 73,8% (Punto 18, página 8).
Acerca del destino de los recursos no utilizados, el escrito advierte que “más de un billón de pesos permanecen colocados en instrumentos financieros”, entre ellos plazos fijos y letras del Tesoro, con un saldo de $1.038.779 millones sin aplicar a obras al cierre de mayo de 2026 (Punto 18, página 8).
Gobernadores de distintos signos políticos reclamaban por el deterioro de las rutas. Uno de los casos mencionados fue la ruta 307 en Tucumán, que recibió $2.322,8 millones durante las tres ventanas analizadas, mientras permanecía con “tres años de demoras y menos del 20% de avance físico” (Punto 17, páginas 7 y 8).
Pagano sostuvo que los desembolsos del fideicomiso vial coincidieron con momentos de negociación legislativa y elaboró una suerte de “lista de precios” con los fondos girados en proximidad a determinadas votaciones:
La investigación periodística también identificó tres períodos de 2026 en los que se concentraron pagos del SisVial: entre el 11 y el 13 de febrero, el 8 y el 10 de abril, y el 19 y el 21 de mayo. En esas tres ventanas se desembolsaron $33.786 millones, equivalente al 52,7% de todo lo pagado por el sistema durante los primeros cinco meses del año.
Durante los primeros cinco meses de 2026, el 41,5% de los desembolsos efectuados por el Sistema Vial Integrado (SisVial) se concentró en apenas tres jurisdicciones: Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.
A partir de la documentación incorporada en la denuncia, el Consejo Provincial de Vialidad de Santiago del Estero aparece entre los beneficiarios de los pagos realizados por el fideicomiso durante el período enero-mayo de 2026 (Punto 8, página 4). Según el escrito, Santiago del Estero “concentró el 11,6% de todos los desembolsos” del período analizado y recibió $9.886 millones a través de su Vialidad Provincial para la autovía de la Ruta Nacional 9.
Desde abril de 2024, la obra que une la capital provincial con Termas de Río Hondo, registra un 56% de avance y forma parte de las conversaciones entre la Casa Rosada y la provincia, cuando el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el gobernador Zamora para buscar respaldo legislativo para la denominada Ley Ómnibus.
Pese a haber recibido esos fondos, el caso santiagueño aparece como una particularidad dentro del relevamiento. La denuncia señala que “los legisladores santiagueños votaron en contra del oficialismo en todas las ‘ventanas legislativas’” (Punto 20, página 9).
Frente a esa situación, el escrito incorpora la hipótesis planteada por un experto consultado, quien sostuvo: “Si quiero esconder un pago incómodo, lo emito entre otros pagos” (Punto 20, página 9).
A la Justicia
La causa recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, el mismo magistrado que intervino en la causa Vialidad, la investigación por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Además, la propia Pagano hizo referencia a ese antecedente al conocer qué juez quedó a cargo del expediente. Con tono irónico, cerró su intervención: “Ya sabemos cómo termina la historia... me olvidaba, le cayó al mismo juez, Ercolini; esperemos que aplique su propio precedente”.
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