En contexto de la conferencia de prensa brindada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes 11, PERFIL consultó sobre el destino de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que cuenta con una asignación específica vinculada al financiamiento vial. Aunque desarrolló la estrategia del Gobierno para las rutas nacionales, no respondió en qué instrumentos financieros se encuentran colocados los recursos ni cuándo serán utilizados para su finalidad específica.
La pregunta fue realizada durante la conferencia de prensa por Pablo Varela, periodista de PERFIL acreditado en Casa Rosada, quien recordó que este medio informó semanas atrás que el Estado nacional había recaudado alrededor de $1,4 billones mediante el impuesto, mientras que otras estimaciones ubicaron la cifra en torno a $1,5 billones.
El planteo apuntó particularmente a conocer dónde se encuentra actualmente el dinero recaudado, luego de que se informara que una parte significativa de esos recursos permanecería colocada en diferentes instrumentos financieros. Varela preguntó cuáles eran esas inversiones, qué plazos tenían y cuándo estimaba el Ejecutivo que los fondos serían finalmente destinados a las rutas.
Ravier, sin embargo, no dio precisiones sobre esos tres puntos y orientó su respuesta hacia el esquema general que impulsa la administración de Javier Milei para modificar el funcionamiento de la infraestructura vial.
“Lo más importante es el cambio de paradigma”, sostuvo el vocero al comenzar su respuesta. Según explicó, hasta diciembre de 2023 funcionaba un sistema en el que los contribuyentes aportaban recursos a Vialidad Nacional para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas, un mecanismo que, según cuestionó, no habría logrado los resultados esperados.
Ravier aseguró que el Gobierno recibió rutas nacionales en muy mal estado y planteó que actualmente existen investigaciones judiciales destinadas a determinar qué ocurrió con fondos utilizados durante administraciones anteriores.
A partir de ese diagnóstico, afirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante una transformación del modelo de infraestructura vial basada principalmente en una mayor participación del sector privado.
“El ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”, explicó Ravier.
Según detalló, ya fueron licitados alrededor de 9.000 kilómetros de rutas, principalmente corredores considerados estratégicos por su nivel de tránsito, y el Gobierno espera que para octubre la totalidad de esos procesos se encuentre en ejecución. Además, señaló que existen otros 6.000 kilómetros en proceso de licitación.
El vocero identificó también como un tercer eje las negociaciones con los gobernadores para que las provincias asuman la administración de determinados tramos de rutas nacionales. La estrategia forma parte de la política oficial destinada a reducir la participación directa del Estado nacional en la gestión de infraestructura vial.
Como cuarto componente, mencionó que Vialidad Nacional mantiene en las provincias materiales destinados a tareas de bacheo, financiados con recursos del Tesoro, para atender necesidades inmediatas mientras avanza el nuevo esquema.
“La combinación de los cuatro nos conduce a una solución de mediano y largo plazo”, sostuvo Ravier, quien planteó que tanto Economía como Vialidad Nacional buscan avanzar hacia una solución estructural en lugar de limitarse a reparaciones financiadas exclusivamente con fondos públicos.
En ese sentido, el vocero vinculó las dificultades para realizar obras durante los primeros meses de la gestión con la situación fiscal que recibió el Gobierno en diciembre de 2023. Mencionó un déficit fiscal de entre cinco y seis puntos del PBI y agregó el déficit cuasifiscal como otro condicionante.
“Poner dinero en las rutas con un Estado quebrado es muy difícil”, señaló. También sostuvo que el elevado nivel de inflación existente al inicio del mandato dificultaba la realización de licitaciones y la llegada de capital privado.
Para Ravier, el orden fiscal, monetario y cambiario alcanzado posteriormente permitió avanzar con nuevas licitaciones y generar condiciones para atraer inversores privados hacia la infraestructura vial. “Es un cambio de paradigma”, insistió al finalizar su explicación.
Sin embargo, pese al desarrollo de la estrategia oficial para las rutas, la respuesta no despejó la consulta original sobre los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. El vocero no especificó en qué instrumentos financieros se encuentran colocados actualmente los fondos, cuáles son sus plazos ni cuándo serán transferidos o utilizados para obras viales, que fueron los puntos concretos planteados durante la conferencia.
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