El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal en su contra. La presentación judicial, radicada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, apunta contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tras la filtración de un informe que detalla seguimientos a actores políticos, sociales y sindicales durante las semanas previas al cierre de alianzas electorales.
La denuncia de Kicillof se basa en una investigación publicada por el diario La Nación, firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, que revela un documento secreto titulado “Hechos Previstos 09JUL25”. Allí, se detalla el monitoreo de manifestaciones callejeras, protestas gremiales, actos culturales y movimientos de figuras como Sergio Massa, Máximo Kirchner y el propio gobernador, en la víspera del cierre de alianzas.
“No conozco más detalles de lo sucedido. Pero el contenido de esa noticia y la gravedad de lo presuntamente ocurrido me imponen formular esta denuncia para que se investigue”, señaló Kicillof en su presentación judicial. El mandatario solicita que se instruya el sumario correspondiente y se identifique a los responsables de estos actos, que podrían encuadrarse en delitos de acción pública.
La causa quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, con experiencia en casos de espionaje ilegal. En 2019, el magistrado fue quien destapó la red de inteligencia clandestina liderada por Marcelo D’Alessio y también investigó el Proyecto AMBA, una estructura de espionaje que funcionaba en bases montadas por la ex AFI en el conurbano.
Espionaje ilegal: una amenaza a la democracia
La denuncia de Kicillof no fue la única. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma también se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para denunciar el accionar ilegal del Gobierno, apuntando directamente contra el presidente Javier Milei y el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. El escrito, patrocinado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta -exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad- sostiene que la vigilancia no responde a necesidades de seguridad nacional, sino a objetivos puramente políticos.
Por su parte, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció a Neiffert y al Director de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, por abuso de autoridad. El organismo sostiene que el nuevo Plan de Inteligencia Nacional habilita tareas expresamente prohibidas, incluyendo el monitoreo de “grupos sociales vulnerables” y de cualquier actor no estatal que pudiera incidir en la opinión pública en un contexto de polarización.
La SIDE, ¿una estructura que firma contratos con exespías?
El escándalo crece. Según reveló El Destape, la SIDE firmó un contrato con la empresa estadounidense Tactic Global LLC, dirigida por Leonardo Scatturice, un empresario vinculado a tareas de inteligencia. La empresa actuaría como enlace con el gobierno de Estados Unidos, algo inusual y fuera de las prácticas institucionales aceptadas. El contrato lleva la firma de Neiffert.
El documento que desató la polémica fue producido en el marco del seguimiento de eventos sociales y políticos programados para el 9 de julio, una jornada clave donde confluyeron frente al Congreso movilizaciones de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y sectores universitarios, además, el cierre del plazo para la presentación de alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
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En paralelo, el senador radical Martín Lousteau convocó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia (CBI) para tratar el tema. La reunión fue fijada para el martes próximo, donde se evaluará la posibilidad de citar a Neiffert o a otros funcionarios de inteligencia para que brinden explicaciones sobre el alcance y legalidad del monitoreo denunciado.
Las presentaciones judiciales coinciden en advertir que, de comprobarse, estos hechos representarían una grave amenaza al sistema democrático. El artículo 4 de la Ley 25.520 prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su opinión política, pertenencia a organizaciones sociales o actividad lícita”.
“Investigar a quienes dieron las órdenes es fundamental. La omisión implicaría un daño irreparable a la democracia”, advirtieron los dirigentes sindicales en su denuncia.
GD/MU
