Tras el escándalo que desató la causa penal contra la exjueza Mariel Suárez por besar a un preso dentro de la cárcel en 2022, la Justicia decidió sobreseer a la exmagistrada. La decisión se tomó debido a que la fiscalía no pudo acreditar la existencia de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y omisión de los deberes de oficio, por los cuales estaba acusada.
El fallo estuvo a cargo del juez penal de la ciudad de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, quien consideró que la audiencia entre Suárez y el detenido Cristian "Mai" Bustos se hizo en tiempo y forma, por lo que no alteró el servicio judicial, más allá del beso. Dicho argumento estuvo sustentado en un planteo de la defensa.
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La acusación, a cargo de la fiscal general María Bottini, se había basado sobre una presunta irregularidad en la conducta de la imputada. En ese sentido, había expuesto que la exmagistrada habría pedido un día de licencia por enfermedad, siendo que no había tenido ningún padecimiento. A raíz de esa solicitud, habría logrado demorar la audiencia con el preso hasta el 31 de diciembre de 2021, según consignó la agencia de noticias ADN Sur.
Sumado a esto, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó durante el juicio que la exjueza había llegado a la ciudad de Trelew el 29 de diciembre. Según consta en los registros del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ese día y el siguiente se reunió con Bustos, quien había sido condenado por matar a un policía, siendo que Suárez integró el tribunal que falló en su contra.
Por su parte, la defensa oficial, a cargo de Gustavo Oyarzún, sostuvo que haber pedido un día de licencia o visitar durante tres días seguidos al preso no configura ningún delito. Asimismo, argumentó que la fiscalía no explicó cómo el falso parte de enfermo afectó a la provisión del servicio de Justicia ni qué leyes fueron quebrantadas por la acusada.
En tanto, el letrado acusó a la fiscal Bottini de incumplir "el principio de legalidad”, a raíz de "un reproche de carácter moral, de una imagen reprochable” contra su defendida, aclarando que dicha opinión no puede ser considerada como una prueba del delito en cuestión.
La defensa también indicó que, en este caso, el cargo por omisión de los deberes de oficio es incompatible con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo cual plantearon que la acusación era “inconsistente”. Además, subrayaron que la ex jueza no dictó ninguna resolución u orden ilegales y que el aplazamiento de la audiencia no se extendió más de 48 horas, siendo que en ningún momento corrió riesgo de ser suspendida.
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A pesar del fallo a su favor, Suárez ya sufrió las consecuencias del episodio. Al respecto, en noviembre de 2023 fue destituida de su cargo como jueza de Comodoro Rivadavia por el Tribunal de Enjuiciamiento. A eso se le añade que el pasado abril la apartaron de un concurso para ser camarista federal en Chubut “por carecer de la idoneidad requerida para el ejercicio de la Magistratura de la Nación”, una decisión que fue tomada por el Consejo de la Magistratura.
Al momento de ser destituida, la exmagistrada manifestó que la sanción se dio “por ser mujer”. En esa línea, acusó al Tribunal de “no tener la misma vara” para juzgar otras conductas de sus colegas, usando como ejemplo en el jury el caso de dos fiscales y un juez que fueron denunciados por ir a detener en su propio despacho a un ministro en funciones sin el desafuero otorgado.
