El sistema penitenciario del Reino Unido atraviesa una situación límite: las cárceles de Inglaterra y Gales albergan actualmente a unas 87.000 personas y prácticamente alcanzaron su capacidad máxima. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, se analizó la decisión del Gobierno británico de adelantar la salida de miles de presos como respuesta de emergencia a la falta de espacio.
El corresponsal de Reino Unido Enrique Zattara explicó que el problema se arrastra desde hace más de una década y está vinculado, según el Gobierno laborista, con la falta de inversión en nuevas instalaciones penitenciarias. Ante la imposibilidad de incorporar más detenidos, las autoridades modificaron temporalmente las condiciones para acceder a la libertad anticipada.
La crisis de las cárceles británicas
Según Zattara, durante los últimos diez años los gobiernos conservadores no construyeron nuevas infraestructuras penitenciarias pese al endurecimiento de algunas leyes y al crecimiento de la población carcelaria. El diagnóstico actual es contundente: “no cabe una persona más en la cárcel”.
El Gobierno laborista había anunciado una inversión para construir nuevos establecimientos, pero necesitaba una respuesta inmediata. Por eso decidió reducir el tiempo efectivo de prisión para determinados condenados y permitir que algunos accedan antes a un régimen de libertad condicional.
En los casos de delitos menores, los condenados pueden acceder a la libertad después de cumplir un tercio de la pena, frente a los dos tercios que se exigían anteriormente. Para los casos de violencia sexual, el requisito pasó de un mínimo de dos tercios a la mitad de la condena, aunque posteriormente el Gobierno decidió excluir estos delitos del programa que comenzará en octubre.
La medida había contemplado inicialmente la salida inmediata de unas 6.000 personas de las 87.000 que se encuentran en las cárceles británicas. Zattara aclaró que no se trata de una anulación de las condenas, sino de una salida bajo un régimen de libertad condicional y con mecanismos de control.
La preocupación por la inseguridad y los delitos sexuales
La decisión generó preocupación en la sociedad británica, especialmente por el debate alrededor de las agresiones sexuales, las violaciones y las llamadas grooming gangs. Zattara explicó que se trata de bandas organizadas que captan principalmente a niñas, adolescentes y mujeres vulnerables para someterlas a situaciones de explotación sexual.
El tema también quedó atravesado por la discusión política sobre la inmigración. Según el corresponsal, sectores de la derecha y, particularmente, Reform UK sostienen que la mayoría de quienes integran estas bandas o están presos por delitos sexuales son inmigrantes.
Sin embargo, Zattara remarcó que “los datos reales no dicen eso” y cuestionó el peso que adquieren las redes sociales y las noticias falsas en este tipo de debates. El dirigente de Reform UK aparece, según su análisis, como uno de los sectores que intenta capitalizar la preocupación social por la inseguridad.
El Gobierno postergó la liberación hasta octubre
Con la llegada de Andy Burnham al Gobierno, la implementación del programa fue interrumpida temporalmente frente a la presión social. La medida quedó postergada hasta octubre y quienes cumplen condenas por delitos sexuales quedaron excluidos.
De acuerdo con Zattara, esa modificación reduce el número de personas alcanzadas por la medida a unas 5.000. Los presos que sean liberados deberán participar de programas de rehabilitación y permanecer bajo mecanismos de control en sus domicilios o comunidades.
El principal interrogante pasa ahora por la capacidad del Estado para supervisar a las personas que recuperen la libertad. Zattara planteó la dificultad de controlar a quienes estarán fuera de las cárceles cuando el sistema ya enfrenta problemas para gestionar adecuadamente a los detenidos dentro de ellas.
El debate político detrás de la crisis penitenciaria
El problema también abrió una discusión sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de determinar quién puede acceder a la libertad anticipada. Zattara señaló que existe una fuerte sensibilidad social frente al grado de arbitrariedad y favoritismo que puede aparecer en las decisiones vinculadas con el sistema judicial.
El corresponsal sostuvo que la situación es particularmente compleja porque la liberación anticipada se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad. Al mismo tiempo, remarcó que el problema de fondo continúa siendo la falta de capacidad del sistema penitenciario.
La discusión excede así la división entre izquierda y derecha y se concentra en la capacidad del Estado para administrar las condenas, garantizar el control de quienes recuperan la libertad y evitar nuevos delitos. En ese sentido, Zattara resumió el escenario con una conclusión: “En realidad, lo mejor sería que hubiera menos delincuentes y no hubiera necesidad de más cárceles”.
