Para el programa ultrakirchnerista 6-7-8, el allanamiento del juez Claudio Bonadío a la firma Hotesur, propiedad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se trataría de una estrategia mediática para defenderse de acusaciones realizadas contra su persona en el Consejo de la Magistratura.
Así se desprende de la última emisión del ciclo emitido por la TV Pública, en donde ayer detallaron que tras cada acusación realizada por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el magistrado respondería con procesamientos contra funcionarios del Gobierno (como el caso de Boudou) o imputaciones de diversos tipos a modo de "cortina de humo".
Para el secretario de Justicia Julián Álvarez, quien acuñó la expresión de la "operación escudo" desplegada presuntamente por Bonadío para "tapar" las acusaciones en su contra, la intención de desviar la atención sobre las mencionadas investigaciones.
"Bonadio viene montándose un escudo frente a los nueve expedientes de destitución que tiene el Consejo de la Magistratura", aseguró el funcionario nacional y señaló que el juez "es uno de los más cuestionados de la Justicia federal". La semana pasada, mientras se realizaba el plenario del Consejo de la Magistratura para elegir a sus nuevas autoridades, Bonadio realizó allanamientos injustificados a la empresa Hotesur S.A. y a la Inspección General de Justicia, para retener documentación que podría haber solicitado de una manera "menos mediática" y que ya tenía en su poder, agregó el funcionario.
Este accionar de Bonadío "se replica en los nueve expedientes abiertos en su contra por mal desempeño, entre los que se destacan los casos de la defraudación contra el Estado Nacional durante la privatización de Tandanor, las presuntas irregularidades en créditos a la Curtiembre Yoma y otras tres causas relacionadas con el accidente ferroviario de Once, entre otras".
El 20 de marzo último, la Comisión de Disciplina y Acusación citó a Bonadio por acusaciones de "mal desempeño" en los dos primeros casos antes citados. Sus supuestas "excesivas e injustificadas demoras" habrían motivado "la prescripción de las causas", generando "con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado", aseguraron en el programa. Ese mismo día, el magistrado dispuso la elevación a juicio de una causa contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, a quien acusó "del delito de abuso de autoridad". Este accionar se replicó también el 8 de agosto pasado cuando el juez dictó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil.
El día anterior, la Comisión había aprobado la citación de Bonadío por su actuación en la causa en la que se investigó el contagio de cientos de pacientes con SIDA. En este caso, el magistrado está acusado de demorar en forma injustificada un expediente, que finalmente prescribió, en el cual se investigó la adulteración de un medicamento suministrado a hemofílicos que padecieron por ello HIV y hepatitis, y por el cual muchos de ellos murieron.
Una de las principales causas por la que es investigado Claudio Bonadio, ahonda sobre su desempeño en la llamada causa del astillero “Tandanor", por la indebida extensión del plazo para la elevación a juicio del expediente. El juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, dado que todos los acusado por defraudación al Estado en la venta del principal astillero público terminaron sobreseídos por el vencimiento de los plazos procesales que produjo Bonadio.
Según consta en el expediente, en agosto 1999, se presentó una denuncia penal cuando el consorcio Marítimos S.A., holding que adquirió el astillero, dejó de cumplir con los pagos previstos en el pliego de privatización, justo cuando el magistrado investigado integraba la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Carlos Menem. Ya como juez a cargo del Juzgado Nro. 11, Claudio Bonadío recibió el expediente en 2003 y 2006 se dio por concluida la investigación, pero el Ministerio de Defensa; la Oficina Anticorrupción (ambos como querellantes) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, requirieron la elevación de la causa a juicio oral.
