La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió hoy rechazar la "intimidación y estigmatización oficial" contra periodistas y medios de la Argentina porque implica "censura indirecta", al tiempo que solicitó a las autoridades que eviten "alimentar un clima de violencia contra el periodismo y, en general, contra quien exprese opiniones diferentes".
Para la entidad, en la Argentina se vive "una escalada de hostigamiento gubernamental y de sectores afines contra la prensa no alineada con el poder político". En un segundo documento sobre el país, dado a conocer al cierre de la Reunión de Medio Año que se celebró en Panamá, la entidad volvió a pedirle al Gobierno que "cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial" y que cumpla con los fallos de la Corte.
En los considerandos de la primera Resolución, la entidad que nuclea a los editores de todo el continente detalló que "prominentes funcionarios, lejos de plantear debates razonados sobre la información periodística, suelen agraviar e intimidar en público a aquellos medios y periodistas que publican datos u opiniones que les molestan".
En ese sentido, hizo saber que con esa actitud se "cruzó un nuevo límite" cuando el exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich rompió en público dos páginas del diario Clarín "para intentar desmentir su contenido, que además se confirmó verdadero". En tanto, sobre hechos de reciente actualidad, la SIP mencionó a la presidenta Cristina Fernández, quien "llegó a aludir, con peligrosas construcciones dialécticas, a medios periodísticos para intentar vincularlos de algún modo con un caso de altísima gravedad institucional, como la muerte del fiscal federal Alberto Nisman".
La entidad consideró también que como los "medios y periodistas no alineados con el Gobierno son blanco constante de acusaciones por supuestas actitudes destituyentes y antidemocráticas" se genera "un clima de intimidación para el trabajo periodístico y de peligro cierto para la integridad de profesionales y medios de comunicación". Además, recordó que "se busca alentar desde el oficialismo persecuciones penales a editores críticos, como en el caso Papel Prensa, presionando a la Justicia a través de declaraciones públicas, de la utilización de medios estatales o de la injerencia del Poder Ejecutivo en el ministerio Público".
Por todas estas cuestiones, la SIP resolvió "rechazar la intimidación y estigmatización oficial contra periodistas y medios en la Argentina, por implicar un caso de censura indirecta" y pedirle a "los tres poderes del Estado que arbitren las medidas necesarias para proteger la labor de la prensa y garantizar la seguridad de los periodistas y de los medios para los cuales trabajan".
Sobre la cuestión de la publicidad oficial, entre los considerandos de la segunda resolución se señaló que "el gobierno argentino sigue agravando su modelo de distribución arbitraria de la publicidad oficial, desconociendo fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo obligan a hacerlo respetando pautas objetivas y razonables, para no afectar la libertad de expresión".
También hizo saber que "el dinero público asignado a este fin se sigue multiplicando" y que llegó en 2014 a "unos 450 millones de dólares al cambio oficial", lo que se registró como "una incidencia nunca antes vista en el mercado". La SIP mencionó además que "la situación se replica en numerosas jurisdicciones provinciales y municipales".
Por último, consideró que esas "actitudes vulneran de forma abierta y directa el Pacto de San José de Costa Rica y el Artículo 7 de la Declaración de Chapultepec" y, al respecto, resolvió "instar al gobierno argentino a que cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial, respetando criterios objetivos y equitativos y no utilizando los recursos públicos como sistema de premios y castigos". También resolvió "insistir en el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo obligan a distribuir la pauta oficial de modo de no afectar la libertad de expresión".
