¿Es correcto dinamitar completamente la industria argentina por falta de productividad? La crisis industrial que atraviesa Argentina tiene dimensiones históricas. Mientras el Gobierno celebra la desinflación, esta se logra a costa del ancla salarial y del ancla productiva. El empleo industrial se derrite. Cada fábrica que cierra confirma que el ajuste no es una abstracción. Son cientos de personas las que se quedan sin su sustento cotidiano. Muchos de ellos votaron a Milei, ¿cuánto tiempo más lo seguirán apoyando?
El corazón del golpe es el conurbano bonaerense, diseñado para producir y hoy condenado a absorber despidos, persianas bajas y desesperanza. Como se ampliará más adelante en este informe, cerca del 90% de las empresas industriales que cierran lo hacen en el conurbano. Ese territorio fue diseñado, desde mediados del siglo XX, como la plataforma de industrialización del país. Fábricas, barrios obreros, infraestructura y transporte crecieron juntos. El interrogante es si esto desatará una ola de conflictos, algo que, por el momento, no se verifica, pero que podría poner en cuestión la hegemonía del gobierno de Javier Milei. ¿Fate podría tener nuevos capítulos?
Según el informe de conflictividad laboral del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se relevaron 717 situaciones de conflictividad laboral, de las cuales el 62,1% correspondió al sector industrial.
El informe detalla que los despidos explican el 63,6% de los conflictos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y crisis empresarias (7,8%), con un impacto especialmente severo sobre las PYMES, que representan el 39,1% de los casos, y sobre las empresas de capital nacional, involucradas en el 71,5% de los episodios. En términos geográficos, el 48% de los conflictos se concentró en la región centro del país, con la provincia de Buenos Aires al frente (25,8%), seguida por Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%) y la Ciudad de Buenos Aires (5,7%).
La radiografía es clara: el proceso de desindustrialización no es abstracto ni homogéneo, sino que golpea de lleno en el conurbano. La crisis industrial argentina no puede pensarse sin mirar el mapa. El corazón del problema no está disperso: está concentrado en el conurbano bonaerense, ese gigantesco artefacto social y productivo que alberga a millones de personas y una porción decisiva del empleo manufacturero.
Un síntoma inequívoco del conurbanocidio es la mora en el pago de los créditos donde la provincia de Buenos Aires duplica el ya alto y creciente promedio de falta de pago de créditos a nivel nacional. En Modo Fontevecchia, el director del Banco Provincia, Alejandro Formento, advirtió: "A nivel familias, a nivel nacional, el dato agregado a noviembre del año pasado es de casi nueve puntos de irregularidad. De cada 100 créditos que toman las familias, casi nueve personas tienen problemas para pagar".
"En el caso de empresas, a nivel nacional, el dato es menos crítico: está en torno al 3%. Falta el dato de diciembre, que va a aparecer en estos días, pero nosotros estamos proyectando algo por el estilo", dijo con respecto al entramado industrial. La destrucción de ese esquema sin un plan de reconversión puede generar un caos productivo y social, un retroceso que costará años revertir. Y no sirve de nada que los funcionarios nieguen esta realidad.
En defensa del programa económico del oficialismo nacional, Patricia Bullrich afirmó en una entrevista que “la economía no ha dejado de crear empleo”. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, en los primeros dos años del gobierno de Milei, se perdieron casi 300.000 empleos asalariados registrados en la Argentina, según datos del SIPA difundidos por el Ministerio de Capital Humano. La mayor parte del ajuste se concentró en el sector privado, que destruyó cerca de 197.000 puestos (-3,1%), seguido por el empleo público (-80.900, -2,3%) y el trabajo en casas particulares (-22.000, -4,7%).
En paralelo, el empleo independiente mostró un comportamiento mixto: crecieron los autónomos (+1,9%) y, sobre todo, los monotributistas (+6,7%), pero se desplomó el monotributo social (-60,8%), principalmente por el reempadronamiento y el aumento de los aportes a la obra social. Sumando asalariados y no asalariados, el saldo total arroja una pérdida de más de 540.000 empleos formales en dos años, de los cuales alrededor de 200 mil se explican por la depuración administrativa del monotributo social. Aun así, el dato estructural que queda en pie es contundente: más allá de los cambios de registro, la economía argentina destruyó unos 300.000 puestos de trabajo formales “reales” en 24 meses, con un sesgo claramente regresivo sobre el empleo privado.
El atraso cambiario, la apertura importadora y la ausencia de política productiva configuran las bases materiales del industricidio. No hay reconversión, no hay relocalización, no hay horizonte para millones de trabajadores expulsados del sistema. Incluso economistas y analistas afines a las políticas del gobierno advierten que es necesario un cambio de rumbo.
Jorge Brito, presidente de Banco Macro, advirtió que la economía real atraviesa un fuerte “estrangulamiento” pese a los avances fiscales y monetarios del Gobierno. Si bien reconoció la baja de la inflación y el ordenamiento macro, alertó que “mantener esa velocidad puede generar riesgos crecientes para la economía real”, y propuso discutir una estrategia más prudente que preserve el superávit y la lucha antiinflacionaria sin asfixiar la actividad.
En el mismo sentido, Carlos Melconian cuestionó la ausencia de un plan integral de estabilización y sostuvo que el programa actual “choca contra la economía real”. Para el economista, bajar la inflación como objetivo aislado es insuficiente si se logra al costo de una recesión prolongada, sin crédito, inversión ni confianza, lo que deja a la macro sin derrame sobre la micro. Escuchemos un fragmento de la entrevista que le realizamos ayer en este mismo programa. “Con el método Caputo la inflación colapsa, pero también la actividad”, sostuvo en Modo Fontevecchia.
Domingo Cavallo fue otra de las voces críticas que se escucharon en los últimos días. Planteó que la emisión monetaria no debe ser un tabú cuando existe respaldo y reglas claras. Advirtió además sobre los riesgos del atraso cambiario y de una “represión financiera” que desalienta la inversión. “No hay que tenerle miedo a la emisión con respaldo", aseguró en diálogo con TN, y agregó: “Es más fácil salir de una híper que de una estanflación”.
Matías Kulfas señaló una paradoja del Gobierno de Milei: el rumbo va a contramano del debate económico global. Mientras Estados Unidos impulsa la relocalización productiva para reducir su dependencia asiática, la Argentina profundiza una apertura que fortalece a China, hoy responsable de cerca del 25% de las importaciones. El resultado, según su diagnóstico, es un esquema de dólar barato, importaciones crecientes y debilitamiento del empleo industrial, donde el principal ganador es Beijing y no Washington
Además, Kulfas comparó la mirada de Milei sobre la industria con las “anteojeras” que tuvo Cristina Kirchner frente al campo. En un contexto de destrucción mensual de entre mil y dos mil empleos industriales, su conclusión es lapidaria: una economía que puede mostrar crecimiento del PBI, pero que sigue perdiendo trabajo privado registrado.
Pero lejos de tomar nota de estas observaciones, el Gobierno “acelera en las curvas”. Ahora eliminó el arancel antidumping del 28% que desde 2020 gravaba las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China, una medida que impacta de lleno en Aluar, principal productora local y propiedad de los dueños de Fate. La decisión, oficializada el 23 de febrero en el Boletín Oficial por el Ministerio de Economía, implica no prorrogar un esquema que vencía el 5 de marzo y que había sido establecido durante el gobierno de Alberto Fernández.
En mayo de 2024, Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate y Aluar, fue contundente en La Fábrica Podcast, donde aseguró: “Las PyMEs están muy mal. Se encuentra con un mercado recesivo y un stock de insumos elevado”. No habló en abstracto ni desde la teoría, sino desde la experiencia directa de un entramado productivo que se estaba deshilachando a gran velocidad. En esa entrevista advirtió que la caída de la actividad ya superaba el 50% en muchos sectores y que limitarse a “aguantar” podía ser letal para miles de empresas.
En las últimas semanas, Fate, histórica fábrica de neumáticos de San Fernando quedó en el centro de la crisis industrial tras anunciar el cierre de su planta y el despido de unos 920 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída de la rentabilidad, la apertura importadora y la pérdida de competitividad, mientras el Gobierno dictó conciliación obligatoria sin lograr destrabar el conflicto con el sindicato. La planta permanece paralizada y el caso se convirtió en un símbolo del impacto del ajuste sobre el empleo industrial y el entramado productivo del conurbano bonaerense.
La industria argentina atraviesa una seguidilla de cierres y despidos que expone el deterioro del mercado interno y el impacto del auge importador. Al cierre en Fate se suman golpes en el sector textil: TN Platex despidió 900 empleados, entró en concurso preventivo y proyecta reducir su producción a la mitad por la desaparición de la demanda frente a la importación de productos terminados.
El proceso se repite en otros rubros: la multinacional Whirlpool cerró su planta de Pilar para transformarse en importadora desde Brasil; Ledesma ajustó más de 200 puestos tras registrar fuertes pérdidas por el aumento de costos y la caída de ventas; y el grupo Techint, a través de Tenaris, perdió por primera vez en 70 años una licitación privada para un gasoducto en Vaca Muerta frente a una firma india que compite con acero chino subsidiado. Detrás de estos casos se repite el mismo diagnóstico: costos locales en dólares elevados por la política cambiaria, caída de precios internos y un avance importador que vuelve inviable producir y exportar de manera competitiva.
Y la situación tenderá a agravarse si no se modifican con urgencia dos pilares de la política económica: el tipo de cambio real (y su contracara, una tasa de interés elevada) y la administración del comercio exterior frente a importaciones, especialmente desde China. La paradoja es que un gobierno que se proclama liberal mantiene intervenidos los dos precios más sensibles de la economía. El atraso cambiario, sostenido artificialmente con tasas altas, distorsiona los precios relativos, castiga a las exportaciones y subsidia las importaciones, volviendo inviable un funcionamiento sano del aparato productivo.
En “¿Por qué Argentina no fue Australia?”, Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgelbaum parten de una comparación histórica potente: a comienzos del siglo XX, Argentina y Australia exhibían niveles de ingreso, dotaciones de recursos naturales y flujos migratorios similares, al punto de que nuestro país era visto como “la Australia del Atlántico”. Sin embargo, mientras Australia consolidó un sendero de crecimiento sostenido, la Argentina ingresó en un ciclo de inestabilidad, retrocesos y frustraciones. Para los autores, la clave no está en una supuesta fatalidad cultural sino en la forma en que cada país resolvió, o no, su conflicto distributivo: Australia logró atenuarlo tempranamente mediante un Estado activo, instituciones políticas y económicas inclusivas y un esquema de protección que favoreció una sociedad relativamente igualitaria, donde trabajadores y empresarios internalizaron la equidad como un rasgo identitario nacional.
Compararlo con Australia ayuda, pero exige cuidado: Australia tiene alrededor de 27 millones de habitantes, aproximadamente la mitad que Argentina, y una urbanización alta, pero distribuida en varias grandes ciudades que compiten entre sí, como Sídney, Melbourne, Brisbane o Perth. No hay un conurbano como Buenos Aires, con el nivel de concentración poblacional que tiene, industria y poder político. Esa es otra diferencia estructural.
En Argentina, cerca del 90% de las empresas industriales que cierran lo hacen en el conurbano. Australia, en cambio, atravesó procesos de reconversión productiva sin una hiperconcentración similar: su población económicamente activa está más distribuida territorialmente, y la transición hacia servicios avanzados, minería sofisticada y agroindustria de alto valor agregado no implicó el colapso de un único núcleo urbano-industrial.
La pregunta incómoda aparece sola: si el conurbano se construyó para industrializar el país, ¿qué se hace ahora con toda esa gente cuando la industria retrocede? En otros procesos históricos, la relación entre industrialización y urbanización fue directa. En China, por ejemplo, industrializar significó sacar población del campo y llevarla a las ciudades a producir; fue un fenómeno urbano masivo, planificado y sostenido.
En Argentina, el movimiento inverso (desindustrializar) no viene acompañado de un plan demográfico, territorial ni laboral. No hay relocalización, no hay reconversión a escala, no hay horizonte para millones de trabajadores. El dogma libertario de que “el mercado arreglará todo” implica que el Estado deja de asumir la responsabilidad sobre la suerte de los nuevos desempleados que crea la política del Gobierno.
Los nuevos aranceles de Trump ponen en duda el acuerdo comercial con Estados Unidos
Incluso en países desarrollados la desindustrialización fue también un problema geográfico. En Estados Unidos, el deterioro del cinturón industrial del centro-norte dejó ciudades vaciadas, empleos destruidos y fracturas sociales que todavía pesan en la política. Hoy Donald Trump está teniendo políticas proteccionistas para revertir esa situación.
En la Argentina actual, el cierre de empresas en el conurbano ocurre sin red y sin estrategia, como si la geografía fuera neutral y la gente, descartable. Pensar la crisis industrial exige entonces algo más que macroeconomía: exige discutir el modelo productivo y el territorio sobre el que ese modelo cae.
¿Y qué ocurre si además hay algún cambio en la economía internacional que agrave aún más la situación? Recientemente, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos obligó a la administración de Trump a eliminar los aranceles diferenciados y reemplazarlos por una tarifa general del 15% para todos los socios comerciales, lo que recortó la ventaja que había logrado la Argentina con un arancel del 10% para sus exportaciones.
En los mercados financieros, la noticia contribuyó a un clima de incertidumbre y volatilidad global: los índices bursátiles estadounidenses registraron caídas significativas tras la reactivación de medidas arancelarias y la confusión normativa, mientras inversores se volcaron hacia activos refugio ante la percepción de riesgo mayor en el comercio internacional. Esto se sintió también en los mercados regionales e internacionales, donde las acciones y bonos vinculados a comercio y producción sufrieron ajustes negativos y el riesgo país de economías emergentes, incluida Argentina, mostró presiones al alza.
La evidencia acumulada sugiere que el problema ya no es coyuntural ni corregible con retoques de corto plazo: la desindustrialización avanza como resultado de decisiones estructurales que redefinen qué actividades son viables y cuáles quedan fuera del modelo. Sin una estrategia explícita de transición productiva, territorial y laboral, el ajuste deja de ser un puente hacia algo mejor y se convierte en un punto de ruptura. La economía puede mostrar equilibrios nominales, pero si el sistema productivo se achica y se concentra, el costo social y político termina erosionando cualquier promesa de estabilidad.
El interrogante de fondo no es si este esquema “funciona” en términos macro, sino también para quién funcionaría y por cuánto tiempo podría sostenerse sin generar una reacción en cadena. Un país no se ordena expulsando trabajadores sin destino, ni confiando en que el mercado resolverá problemas que son, ante todo, colectivos. Persistir en este rumbo implica aceptar una Argentina con menos empleo de calidad y mayor fragmentación social; corregirlo exige asumir que el desarrollo no es un residuo del ajuste, sino el fruto de un liderazgo político que trabaje para definir el futuro del país.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
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