Este miércoles el Gobierno medirá si tiene la fuerza y la legitimidad para impedir los piquetes en nuestro país para aplicar su plan económico.
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“Mañana se realizará la primera marcha contra el gobierno de Javier Milei, en la que se conmemora a la movilización más célebre que haya tenido la Argentina por los hechos ocurridos el 19 y 20 de diciembre del 2001 en los que se cerró toda una época con la crisis económica y social más grande que hayamos tenido en nuestro país”, expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 19 de diciembre del 2023.
Luego de una fuerte devaluación que mermó los ingresos de los trabajadores y los beneficiarios de los planes sociales, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y la de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciaron que quien corta la calle no recibirá la ayuda del Estado, será detenido y se le cobrará a la organización los costos del procedimiento.
Por un lado, Patricia Bullrich aseguró: "La persona que actúa respetando al otro se quedará en su casa, cuidará a sus hijos o hará una changa. La persona que siga haciendo su vida normal, cobra. El que corta la calle, ese, no cobra. Además, si va con chicos le comunicaremos a los institutos de menores el daño que están haciendo. Vamos a identificar a los que corten la calle con cámaras y drones".
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También, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en sintonía con las palabras del presidente Javier Milei, expresó: “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y cortan la calle. Ya lo dijo el Presidente: ‘el que corta, no cobra’”.
Abogados constitucionalistas como Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez, en este mismo programa, referentes de derechos humanos y los propios dirigentes piqueteros plantearon que el protocolo de “mantenimiento del orden público” elaborado por la ministra Patricia Bullrich viola completamente el derecho a la protesta garantizado en artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El presidente de la Suprema Corte, Horacio Rosatti, se refirió a esta discusión en el día de ayer: "Hay un conflicto entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular. Lo que busca un juez es optimizar los dos derechos y que no sea una suma que de cero. La Corte norteamericana tiene una jurisprudencia muy intensa sobre este tema, con términos pragmáticos busca la compatibilización y es posible si hay buena voluntad".
En su cuenta de X,Eduardo Bellibonidijo: “Las amenazas de Pettovello se suman a las de Bullrich, contra el derecho a la protesta. Quieren un ajustazo brutal contra el pueblo y reprimir a los que se quejan! Con una inflación del 60 % mensual el plan desaparecerá en 2 meses. El 20 todos a las calles de Congreso a la Plaza”.
Por su parte, Roberto Gargarella también se expresó: “Cambiamos una extorsión x otra: del kirchnerismo 'si no cortás te saco tu plan' a 'si cortas te saco tu plan'. ¿Los derechos sociales? Ausentes Y el conflicto social como guerra. Y el opositor como enemigo del Estado y los que protestan como si no tuviesen dignidad ni voluntad propia".
Lo mismo que dijeron Sandra Pettovelo y Patricia Bullrich fue anunciado en la app de Mi Argentina y le apareció a todos los beneficiarios del plan. “El que corta, no cobra”.
El tuit de respuesta del dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano: “Usar Mi Argentina para decir "el que corta no cobra" es un acto fascistizante. Se valen del aparato del estado para atemorizar a la población. No son libertarios, son fachos".
Sí, son libertarios. Eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Evidentemente Solano tampoco entiende al liberalismo. Recordemos que los libertarios son como los trotskistas. Hay un punto de contacto entre uno y otro: ambos comparten un origen común que es el anarquismo. Por un lado, el anarquismo por izquierda, los trotskistas; por el otro, el anarquismo de derecha, los libertarios.
Desde la cárcel de Turi, encerrado por el gobierno fascista, el dirigente comunista italiano, Antonio Gramsci escribió los Cuadernos de la cárcel. Allí planteó que todos los gobiernos se sostienen por consenso y coerción. El consenso a veces se refleja en los votos, otras en la opinión pública de la clase media de una sociedad que es la constructora de subjetividad. La coerción es la apelación a la fuerza.
Estas dos formas de ejercer el poder son opuestas y complementarias. Opuestas porque un gobierno utiliza la coerción siempre sobre alguien que no está de acuerdo con sus decisiones o que cuestiona su legitimidad. Es decir, con alguien a quien no convenció por consenso. El consenso no necesita de la represión, ningún gobierno reprimió a un sector que llevaría adelante las decisiones del gobierno por propia voluntad. Sin embargo, si un gobierno es incapaz de aplicar cierto grado de coerción, está expuesto al accionar violento de sectores que quieran imponer su interés particular, o sea, no el de una mayoría, y difícilmente pueda generar consenso en el resto. Tiene que haber un equilibrio entre el grado de consenso y la capacidad de coerción.
Por otro lado, la relación entre consenso y coerción es complementaria porque para poder ejercer la coerción también hay que tener consenso en una mayoría social que lo acepte o al menos lo pueda tolerar o permitir. Un gobierno que solo se basa en la coerción y carece de consenso, cae inevitablemente. Una idea que tomaron diversos intelectuales que, provenientes de la izquierda, apoyaron a Raúl Alfonsín, como Juan Carlos Altamirano, teorizaron que sobre la cuestión de la hegemonía deviene del consenso
Muchos de los que criticaron la posición del actual gobierno sobre las marchas que sobrevendrán a los anuncios económicos hablaron de un virtual estado de sitio. El 20 de diciembre del 2001, cercado por las protestas, y envuelto en una crisis social inmensa coronada por una corrida bancaria que confiscó los ahorros de la gente, el llamado corralito, el presidente Fernando De la Rúa llamó a estado de sitio.
El estado de sitio, se establece, según la norma constitucional cuando está amenazada la integridad del Estado. Se faculta a las Fuerzas de Seguridad a actuar bajo un régimen de excepción y quedan suspendidas las garantías constitucionales. Es decir, en un momento de estado de sitio, los ciudadanos no tienen el derecho a circular libremente.
Se argumentó que lo que estaba haciendo Patricia Bullrich era indirectamente declarar un estado de sitio sin declararlo. Esto lo expresó el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano. Acá mismo le respondimos que esa no era la solución, porque, aunque declarara el estado de sitio podría suceder lo contrario. Como le ocurrió a la Fernando de la Rúa, cuando declarado el estado de sitio, la gente en vez de temerle salió en mayor proporción a protestar por lo que consideraba un recuerdo de la dictadura.
El ex presidente, el día 19 de diciembre de hace 22 años, declaraba el estado de sitio: “Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes, creando un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante esto he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional”.
La historiografía popular nos planteaba un presidente De la Rúa totalmente perdido, débil y frágil; contrasta con lo que acabamos de compartir, no parecía una persona con su conciencia fuera de control, sino razonable.
Simplemente, cuando la situación se hace imposible no hay medida ni estado de sitio que pueda solucionarla. Si 100 mil personas deciden manifestar no hay manera de responder, ni con un plan de contingencia, ni con las fuerzas de seguridad. Por eso es imprescindible que los gobiernos no solamente tengan capacidad de coerción, sino que tengan capacidad de generar consenso. Sin esta capacidad, sin consenso, no hay medidas aplicables solamente con coerción.
Finalmente, al día siguiente de ser declarado el estado de sitio, la situación devino en la caída del presidente De la Rúa. Asumió Duhalde y pocos meses después, en junio de 2002, el presidente interino decidió reprimir una jornada masiva del movimiento piquetero que iba a cortar el puente Pueyrredón, que comunica la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda. Este accionar terminó con el asesinato en manos de la policía de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La crisis política desatada tras este hecho terminó con cualquier pretensión presidencial de Eduardo Duhalde y tuvo que adelantar las elecciones.
Desde la vuelta a la democracia la represión no tiene consenso en nuestro país. Estos dos fenómenos, uno más de tradición democrática y otro que se expresa como una novedad y un fenómeno político relativamente nuevo (las ideas libertarias representadas por Javier Milei), chocarán por primera vez este miércoles.
El 22 de diciembre ya está convocada otra marcha por el gremio nacional de trabajadores del Estado (ATE) contra el cobro en cuotas de los aguinaldos en varias provincias. Si el gobierno no encuentra el consenso para reprimir las protestas, puede ser que las movilizaciones sean cada vez mayores y empiece a perder apoyo en la sociedad en las urnas.
Esperemos que podamos encontrar puntos de consenso entre los argentinos para poder pasar las fiestas en paz y luego encarar un nuevo año con todos los desafíos que nos esperan. Le pedimos grandeza a los dirigentes, que nos escuchemos y evitemos la coerción.
Como reflexión final, Gramsci planteó en los Cuadernos de la Cárcella idea de consenso o coerción; pero podríamos agregarle un elemento más, que lo vamos a ir desarrollando en las próximas aperturas, que es la resignación. En el 2001, la Argentina venía de años de crecimiento que se produjeron entre años 1990 y 1998, y luego vinieron 3 años de decrecimiento hasta el 2001, en los que se duplicó la pobreza de la Argentina. En la actualidad, Argentina viene de 10 años de decrecimiento. Por esta razón, también hay que colocar como hipótesis que haya fatiga social. Es decir, que la gente se resigne, este cansada y ni siquiera pueda protestar. Esta hipótesis también es analizable dentro de la estrategia del gobierno que se juega a poner un límite a la protesta; si la gente no se resigna con la coerción, el gobierno no va a lograr nada. El Gobierno apuesta a que, a diferencia de los años 2001,1989 u otras protestas de la historia argentina que se desarrollaron en momentos de crisis, la sociedad argentina este lo suficientemente fatigada y agotada para que la energía necesaria para la resistencia este doblegada. Veremos como avanza esta película con el transcurso del tiempo.
