Fallo histórico: La obra social le deberá pagar la vaginoplastia a una mujer trans

Cristina Montserrat Hendrickse, abogada y activista feminista, habló en Modo Fontevecchia en donde contó su caso en el que la Obra Social de la Ciudad Buenos Aires le había denegado la operación de reasignación genital denominada vaginoplastía. En la entrevista destacó que las obras sociales son “reacias a garantizar la cobertura de salud trans que demanda la ley 26.743”. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Bruno Guiso (BG): ¿Hace cuánto tiempo que estás con este tema?

Le reclamé a la obra social en marzo del año pasado, una vez que finalizó la pandemia, no porque estuvieran suspendidas las cirugías de este tipo, sino porque estaba colapsado el sistema de salud y me parecía poco solidario demandar este tipo de prestación. Pero una vez que cesó la emergencia, el cirujano que me atiende, quien es el doctor Fidalgo, me hizo el presupuesto, el diagnóstico y lo presenté  a la obra social.

Después de unos meses, la prestadora me pidió un resumen de historia clínica, que la ley no exige y, pese a eso, hice la reserva y lo presenté igual. Desde esa fecha, la obra social hasta mayo, no me había respondido y por eso decidí interponer una acción de amparo contra la obra social de Buenos Aires, el juez dio intervención y finalmente sentenció decidiendo dictar la medida cautelar y obligando a la obra social a la cobertura de la prestación.

BG: ¿Por qué crees que  hubo tantos obstáculos para conseguir la cirugía?

Esta obra social particular tiene un historial de rechazo a todas las personas trans. Hay un fallo en el que inclusive es parte la jurisprudencia en contra de la Obra Social de Buenos Aires (OSBA) dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es el único caso y consideramos que además de denegar una prestación médica, también configura un caso de violencia de género institucional. 

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Quisiera conocer tu contexto, de tu vida, a qué te dedicás...

Yo nací en el año 1964, durante el gobierno de Illia, después vino la dictadura militar de Onganía, con un contenido bastante religioso y una cultura un poco reacia a admitir la identidad de género como un derecho humano. Era considerado un pecado o una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría tenían catalogada a la identidad de género como una patología mental, como disforia de género y eso fue evolucionando y fue erradicado. Hoy ya no es más considerada una enfermedad mental, sino un derecho humano.

En mi niñez, esta cirugía que yo estoy solicitando hubiese sido muy fuerte, pero la presión familiar y el entorno cultural hizo que yo reprimiera mi identidad y se adecuará a lo que exigía de mí el entorno. Después de sancionada la Ley de Identidad de Género que reconoce, a esta última, como un derecho humano, empecé a ver mi situación de otra manera. Dejé de ser transfóbica conmigo misma y a partir de ahí asumí mi identidad. Fue un paso importante. 

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Escucho un lenguaje que indica lecturas, ¿a qué te dedicas?

Soy abogada. 

¿Hace cuánto ejerces? 

Me recibí en diciembre del año 1993, en la facultad de derecho de la UBA.  Hasta el 2000 ejercí en la Ciudad Autónoma haciendo derecho laboral y en familia. Con la crisis del 2001, cuando muchas personas emigraron al exterior, yo hice una inmigración interna, viajé al sur, estuve ejerciendo la profesión en el noroeste de Chubut, en el Colegio de Abogados de Esquel, involucrada en temas de derecho ambiental y derecho indigenista. Luego, me mudé a Neuquén donde conocí a mi segunda esposa y la mamá de mi segunda hija, con la cual vivo actualmente. Tenemos un grupo familiar de una familia diversa e integrada por "los míos, los tuyos y los nuestros". 

El hecho de ser abogada, ¿te permite llevar adelante algo que personas en tu misma situación no hacen? ¿Lo que vos estás haciendo también genera jurisprudencia y al mismo tiempo, desde lo comunicacional, también es un ejemplo?

Si. La idea no es solo obtener la cobertura para mi, sino abrir la mente y la receptividad de las obras sociales. Si bien la ley ya tiene 10 años, hay un comportamiento sistemático, no de todas, pero sí de algunas obras sociales que son reacias a garantizar la cobertura de salud trans que demanda la ley 26.743. La mayoría tiene dificultades de acceso a la Justicia. Las mismas reglas de Brasil, sobre acceso a la Justicia, incluyen a las personas trans dentro de las personas vulnerables con este tipo de dificultades. 

CB PAR