Fernando Stanich, periodista y protesorero del Foro de Periodismo Argentino, se refirió al nuevo Plan de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y denunció que podría “poner fuentes en peligro” y vulnerar el derecho al acceso a la información pública. La medida permitiría el espionaje a opositores que busquen “erosionar la confianza en los funcionarios públicos”. "Hay una postura del oficialismo nacional vinculada a disuadir las voces disonantes", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
Fernando Stanich es periodista, protesorero del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y coordinador del monitoreo de la libertad de expresión del organismo.
Hugo Alconada Mon fue amenazado luego de revelar que la SIDE investigará a periodistas y opositores
Elizabeth Peger: A partir de la publicación en el diario La Nación el domingo, se conoció información del documento del plan secreto que prepara la SIDE, difundido por el periodista Hugo Alconada Mon. Lo que destaca la nota es que el plan se vincula especialmente con un esfuerzo del Gobierno por la llamada batalla cultural. Incluso, se mencionó una posible persecución de periodistas y de otros actores que generen en la opinión pública un malestar hacia el Gobierno o hacia los funcionarios. ¿Cómo podemos interpretar eso en un gobierno democrático?
Es gravísimo. La primera definición o adjetivo para ponerle es que es gravísimo. Este informe que publica el diario La Nación, trabajado por Hugo Alconada Mon —con quien nos solidarizamos por completo por lo que ha sufrido a partir del domingo— es un hecho grave. Hay que plantearlo así, sin medias tintas, porque el informe da cuenta de un plan de acción de los servicios de Inteligencia, que les permitiría o podría dar lugar a que los servicios de Inteligencia posen la mirada sobre periodistas o economistas que busquen erosionar la confianza en los funcionarios públicos o que generen una pérdida de confianza en las políticas económicas del Gobierno. Eso es lo que sostiene este documento que difunde el diario La Nación, y que representa una extralimitación en las funciones de la Secretaría de Inteligencia, de comprobarse esto. Estamos hablando de que, primero, no se puede hacer un espionaje interno a través de la Secretaría de Inteligencia. Y, segundo, esto es muy peligroso para el ejercicio profesional del periodismo.
Esto es peligroso porque hay una garantía constitucional que tiene que ver con el secreto de las fuentes de información periodística, además de ser una garantía que está amparada en tratados internacionales a los que la Argentina adhirió. Entonces, la posibilidad sola de que se pueda acceder a lo que los periodistas están trabajando o con quién los periodistas hablan es realmente peligroso. No es peligroso desde el punto de vista corporativo —y eso siempre lo trato de remarcar—, sino que es peligroso porque mucha gente que se acerca a los periodistas para dar información que el poder no quiere que se sepa puede llegar a sentirse indefensa, con miedo, vulnerable, y dejar de hacerlo. Entonces, la que pierde, en definitiva, es la ciudadanía, que se aleja de la garantía del derecho de acceso a la información pública. Espiar periodistas puede poner fuentes en peligro. Esto amerita además una explicación por parte del Gobierno. Recordemos que esto se torna más peligroso porque, desde el retorno de la democracia para aquí, los servicios de Inteligencia en Argentina siempre han estado envueltos en la polémica, sujetos a la utilización política del gobierno de turno, involucrados en cuestiones que no hacen a su función esencial y extralimitándose en cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos habitualmente “los carpetazos”.
EP: Pero, aparte, me parece que tampoco podemos perder de vista que este hecho no se produce en la nada. La semana pasada el Gobierno anunció toda una serie de requisitos para la acreditación de los trabajadores de prensa que cumplan funciones como acreditados en la Casa de Gobierno. Además, con un discurso permanente del presidente Javier Milei, que a través de las redes sociales dice que la sociedad no odia lo suficientemente a los periodistas. Esto es como un elemento más, ¿no?
Sí, totalmente. Esto es un elemento que agrava la situación. Repasaba los datos del monitoreo nuestro de libertad de expresión del año pasado y los de este año, y mirá lo que son las casualidades. El año pasado tuvimos 179 casos vinculados a ataques contra periodistas, pero la mayoría de esos casos tienen como protagonista el hostigamiento digital, la utilización de las redes sociales. Cuando uno amplía un poquito el zoom sobre esos datos se da con que el 65 % de esas agresiones mediante la utilización de redes sociales tuvieron como protagonista al propio presidente de la Nación, ya sea replicando un mensaje agresivo, discriminatorio, de insulto, o también con algún tipo de mensaje intimidatorio a través de las redes sociales.
Este año ya llevamos contabilizados en el monitoreo 100 casos. Estamos en el centenar de casos y todavía no comenzamos el segundo semestre. Falta una semana para que comience la segunda mitad del año. O sea que esto muestra un agravamiento de la intolerancia del poder hacia el trabajo del periodismo. Fundamentalmente, me parece que allí es donde debemos prestar atención y llamar a la reflexión a la sociedad. Porque estamos estirando el umbral de tolerancia al poder respecto de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Cualquier funcionario tiene el derecho de replicar una publicación si cree que es incorrecta, si cree que no es adecuada. Ahora, de ahí al insulto hay un trecho muy largo. Y el Gobierno, y los funcionarios, y los militantes, y las voces del oficialismo nacional han tomado por postura descalificar directamente a cualquier periodista o trabajo periodístico que se haga y que incomode al poder.
Vos mencionabas hace un ratito esta resolución del gobierno que establece condiciones y parámetros nuevos para la acreditación de periodistas en la Casa Rosada. Desde luego, tiene que haber criterios objetivos para la entrega de acreditaciones. Eso es algo que existe en todo el mundo y me parece que es correcto. Ahora, lo que no puede haber son criterios que sean subjetivos y sujetos a discrecionalidades para la entrega de esas acreditaciones. Por ejemplo, repasando esa resolución, establece límites horarios para el trabajo periodístico, para la presencia periodística. Establece también límites en la circulación de los periodistas dentro de la Casa Rosada, cuando sabemos que el “pasilleo” es lo que por ahí nos da más información, porque nos permite tomar contacto y ver quién entra, quién sale de una oficina o de la otra.
Entonces, todo eso limita la libertad de expresión y de prensa y aleja a la ciudadanía de la garantía del derecho de acceso a la información pública. El artículo 32 de la Constitución establece claramente que no se pueden dictar leyes que restrinjan la libertad de expresión, y acá, mediante una resolución, se pretende de alguna manera establecer límites a esa libertad de expresión. Entonces, hay una postura y un comportamiento del oficialismo nacional vinculado a disuadir las voces disonantes.
EP: Lo que pasó con Ricardo Darín y las empanadas en las últimas horas ha sido un ejemplo perfecto también de eso…
Es otro ejemplo clarito. Toda voz disonante que se atreva a contradecir el relato oficial termina siendo estigmatizada, ridiculizada, discriminada, porque hay muchos discursos en tono discriminatorio por parte del oficialismo nacional también, en contra de periodistas puntuales, con nombre y apellido, con cuestiones sexistas también.
EP: Y acusaciones muy serias de hechos de violencia que son mentiras, pero eso se difunde en las redes todo el tiempo.
Sí, y se amplifica, porque no es que solamente se difundan en las redes sociales, sino que sabemos que las redes sociales tienen un poder de amplificación del mensaje que es brutal. Y ese mensaje se amplifica con tanta velocidad mediante las milicias digitales que tiene el Gobierno, que es muy difícil para un periodista o un colectivo de periodistas tratar de replicar ese avance.
Claudio Mardones: La cobertura periodística en el territorio se empieza a complicar mucho. Los trabajadores de prensa que hacen cobertura en los móviles se han transformado prácticamente en blancos móviles de las fuerzas de seguridad federales que rodean al Congreso de la Nación, especialmente en las movilizaciones de los miércoles de jubilados en las últimas semanas. La cantidad de reporteros gráficos y camarógrafos golpeados es importante, sin perder de vista además que Pablo Grillo, reportero gráfico, atraviesa ya su quinta visita al quirófano a partir de lo que fue el proyectil en su frente. ¿Cuál es la lectura de FOPEA ante esta situación?
Con mucha preocupación. Hay que descartar de plano que estas agresiones se traten de, o sean obra de, un militante enojado, exaltado ese día, o de un gendarme o un policía que se despertó de mal humor en esa jornada. Acá hay un plan sistemático y coordinado por parte de las fuerzas de seguridad, de un sector del Estado, para también generar ese temor y que se desaliente la cobertura de este tipo de situaciones.
Nosotros, como FOPEA, en febrero de 2024, tuvimos una reunión, junto a otras entidades periodísticas, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ya había sucedido lo de la manifestación por la Ley Bases, que también terminó con incidentes, y advertimos que esta situación podía repetirse y que se venían tiempos en los que la violencia podía ganar las calles, y que los periodistas necesitábamos garantías por parte del Estado para realizar coberturas en condiciones dignas de trabajo y sin estar sujetos a temor de violencia por parte de las fuerzas de seguridad o por parte de los propios manifestantes, que también se daban en otras situaciones.
Bueno, nada de eso ocurrió. Por el contrario, todo esto se agravó e indudablemente hay una posición del Estado de avanzar en contra de la cobertura periodística en la vía pública. Suponiendo que lo de Pablo Grillo se trató de un hecho de mala suerte o de mala praxis de un gendarme, después se repitió en otras manifestaciones, porque las imágenes dan cuenta de ataques por parte de fuerzas de seguridad, tirándole la moto a fotorreporteros que están arriba de la escalera tratando de tomar mejores imágenes. El reportero Tomás Cuesta fue detenido de manera muy violenta por las fuerzas de seguridad la semana pasada cuando estaba con la credencial muy visible en el pecho.
Entonces, es imposible no relacionar el ataque y la violencia verbal que se ejerce desde las más altas esferas del poder, desde la propia presidencia, con lo que después termina sucediendo en la calle. Porque si el Presidente valida mensajes de violencia, incita o pide a la gente que odie más a los periodistas, después esto termina trasladándose en la calle, y lo hace con la peligrosidad y la gravedad que tiene que quienes utilizan la fuerza pública, como en este caso Gendarmería o la policía local.
Ricardo Darín y los tuiteros de Milei: empanadas o pescado podrido
EP: Claro, no solo escapa de las redes, salta a las redes y aparece en la vida real.
Hay una relación directa. Es como lo que le pasó a Roberto Navarro. No podemos no relacionar ese clima de violencia, de hostilidad verbal, digital, con lo que después le pasa a un colega como Roberto Navarro, que en la vía pública termina siendo agredido por la espalda.
EP: ¿Por qué, por sobre cualquier otro sector, incluso de la oposición política, el gobierno parece empeñado en convertir al periodismo o a los periodistas en la verdadera oposición?
Me parece que da cuenta de un tinte autoritario del Gobierno. Elegir a la prensa como rival, como “punching ball”, como enemigo, es algo muy característico de los regímenes que son autoritarios. Hay ejemplos de sobra en Latinoamérica. El caso de Venezuela es uno, por ejemplo, y quizás sea el más emblemático, pero pasa en Centroamérica también. En Estados Unidos ahora con Donald Trump también. Ahora, con la asunción de Donald Trump de nuevo, se han incluso aumentado y agravado las hostilidades contra el periodismo. Esto tiene un único objetivo que es disuadir a quienes de alguna manera pueden contradecir el relato o el discurso oficial. ¿Y quiénes son los únicos que pueden llegar a hacerlo? Son los periodistas que realizan trabajos de investigación o que tienen una posición crítica frente a políticas del Gobierno.
Hay algo que es irrefutable en medio de todo esto, que es con lo que trabajamos los periodistas, que son los hechos. Los hechos son irrefutables, y cuando al poder se le muestran hechos que son irrefutables, el poder tiende a tratar de deslegitimarlos y de atacar la reputación de quien lo dice, para no contradecir el hecho en sí, porque el hecho es irrefutable. Se está tratando de horadar la reputación de los periodistas, se está tratando de deslegitimarlos para que la gente descrea del trabajo que hacemos la mayoría de los periodistas, porque hay otros que no lo hacen, y a los que el Gobierno no ataca, claramente. Pero a la mayoría de los periodistas sí, porque son los que de alguna manera incomodan, generan cierta capacidad de reflexión en la sociedad, que es lo que el Gobierno o el poder no quiere que ocurra.
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