Una ley provincial que premia con 1.000 pesos a quien entregue una piel de zorro muerto, y con 5.000 a quien lo haga con la piel y el cráneo de un puma, genera una fuerte polémica entre productores y ambientalistas chubutenses. La medida se justifica en la necesidad de controlar a los predadores que suelen matar ovejas en los campos.
Además de los “precios-estímulo”, el estado organiza reuniones en los campos, donde se explica todo sobre el armado y la colocación de jaulas y trampas, y las diferentes técnicas de rastreo y caza de acuerdo al terreno. Desde hace 15 años, una racha de sequías, caída de ceniza, desertificación y caída de los precios internacionales fue vaciando las estancias. En poco tiempo, el puma se expandió por toda la provincia y fue avanzando sobre las áreas productivas.
Sus presas favoritas son guanacos y ovejas. Oportunistas, los zorros esperan la época de parición para llevarse a los corderos. En 2018 la provincia informó que habían muerto 100 mil corderos y chivitos, con pérdidas por $100 millones. Aquel año se reportó la caza de 5.000 zorros colorados y 250 pumas.
La Fundación Vida Silvestre, sin embargo, recuerda que los “predadores tope” son un eslabón fundamental en los ecosistemas. La mayoría protegen su territorio de otros competidores, además de prevenir explosiones demográficas de guanacos y liebres. “Cada vez que se anuncia una compra de pieles, la gente empieza a matar en cualquier lugar y sin embargo siguen habiendo ataques”, critica recuerda Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la ONG. “No más del 20% de los pumas matan ovejas. Si se elimina a alguno del 80% restante, puede venir otro que sí tenga esa costumbre”.
El tema recobró fuerza a fines de marzo, cuando en grupos de WhatsApp circuló el video que mostraba cómo un grupo de personas disparaban y mataban a un puma desde una camioneta en la zona de El Trébol, en el extremo sudeste de la provincia. Después de que Vida Silvestre lanzara una petición online para derogar la ley, el gobierno la invitó a una reunión donde se mostró abierto a una solución de consenso. La organización celebró la apertura, pero según asegura a PERFIL, nada cambió tras el encuentro.
Ya hay 104 mil firmas registradas. “Estamos analizando presentar un proyecto de ley para la derogación o modificación de la norma”, adelanta Jaramillo. “El apoyo de los ciudadanos es muy importante”. En Vida Silvestre se esperanzan con otro antecedente en la región. En octubre de 2020 la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut presentó un proyecto para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras.
Viajan en camper y se encontraron con pumas en el Parque Patagonia
Los ciudadanos habían logrado juntar más de 30 mil firmas en apenas 100 días, y en un contexto desfavorable marcado por la pandemia, las condiciones climáticas extremas y el rechazo gubernamental.
