Miles de indígenas y campesinos bloquearon este martes por segunda vez varias rutas de Guatemala en protesta por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir como candidatos a miembros del único partido que postula a una mujer indígena para las presidenciales. Esto ocurre en medio de la discusión sobre la pena de muerte.
Los manifestantes representan al Movimiento para la Liberación de Los Pueblos (MLP), partido político de izquierda fundado e integrado en su mayoría por indígenas y que también forman parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), una de las organizaciones más grandes de su tipo en el país. Exigen que se permita la inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas Andrade como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, negada por el Tribunal Supremo Electoral.
La discusión sobre la pena de muerte suele aparecer en Guatemala ante graves hechos de violencia y, especialmente, en vísperas de elecciones. Durante la graduación de agentes de la Policía, el presidente, Alejandro Giammattei, reabrió el debate tras el asesinato de una niña de siete años.
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Dejó entrever que prevé reactivar la pena capital en Guatemala mientras refuerza la lucha contra los sicarios y las pandillas.
Poco después, el diputado oficialista Manuel Conde, candidato presidencial del Partido Vamos para las elecciones del 25 de junio, presentó con sus pares un proyecto de ley para reactivar la pena capital.
La pena de muerte figura en la Constitución de Guatemala, pero es imposible aplicarla. El Pacto de San José, al que Guatemala adhirió, exige que se permita el derecho a indulto. En 2000, el Congreso derogó el reglamento para que los reos lo soliciten.
El convenio prohíbe que la pena de muerte sea extendida a delitos que no contemplaba en el momento de adhesión.
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Según el Código Penal, los delitos de asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, torturas seguidas de muerte o daños graves a la salud, desaparición forzada y magnicidio son castigados con la pena de muerte.
La Corte Suprema anuló esas condenas. En 2016 y 2017, la Corte de Constitucionalidad las declaró inconstitucionales y las cambió por 50 años de prisión. En los hechos, la pena de muerte para delitos comunes quedó abolida, más allá de que sea una promesa electoral.
En medio de la discusión, miles de indígenas y campesinos bloquearon este martes por segunda vez tramos carreteros en protesta por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir como candidatos a miembros del único partido que postula a una mujer indígena para las presidenciales.
BL JL
