A fines de noviembre de 2011, guardafaunas del extremo oriental de Chubut descubrieron una escena trágica: una topadora había arrasado con 175 nidos de pingüinos de Magallanes y matado a casi 300 pichones en la Reserva Natural Punta Tombo, la mayor colonia de esa especie en el mundo.
El responsable era un ganadero que, tras ocupar un terreno lindero, avanzó en un trazado para instalar un alambrado electrificado de 800 metros.
La maniobra también bloqueó el paso de los adultos al mar, un recorrido que los animales hacen constantemente en busca de alimento para sus crías. La presencia de vacas agravaba el impacto y la posibilidad del daño, en plena temporada reproductiva.
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Además de motivar una querella penal de Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Patagonia Natura, el ecocidio generó la exigencia de que esta clase de episodios sean tipificados como delitos penales ambientales, figura que todavía no existe en Argentina.
“Necesitamos urgentemente un capítulo Ambiental en el Código Penal para que estos actos se paguen con prisión y no con una simple multa” por maltrato animal, insistió la ONG global.
Lucas Micheloud, codirector ejecutivo de la AAdeAA, habló con Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) sobre el contexto del reclamo.
¿Quiénes son los principales responsables de los delitos ambientales en Argentina?
Son frecuentemente delitos de los poderosos, liderados en el país y en la región por empresas nacionales y trasnacionales, en fusión con el Estado y el mercado.
En ese sentido Argentina es un gran laboratorio a cielo abierto, donde la profundización de los modelos de base extractivista viene generando enormes pasivos ambientales, afectando nuestros territorios y comunidades prácticamente sin consecuencias.
¿Qué delitos son especialmente preocupantes?
Los más graves están ligados al envenenamiento de cuencas por fumigaciones con agrotóxicos y el uso de sustancias químicas por parte de la mega minería; los incendios y deforestación de los bosques nativos y humedales para la expansión de la frontera agrícola-ganadera y la especulación inmobiliaria; los residuos petroleros del fracking; la destrucción de ecosistemas fluviales por obras de dragado sin estudios ambientales previos; la afectación de la diversidad marina por las actividades petroleras; y la contaminación atmosférica en las áreas metropolitanas por la actividad industrial y agro-portuaria.
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¿Por qué sería importante incorporarlos al Código Penal?
En el marco de la actual crisis ecológica y climática (…) esto permitirá que se revierta la impunidad de los poderosos. Los crímenes ambientales son delitos de cuello blanco.
Por lo tanto, es necesario que se incorporen tipos penales ecocéntricos, que rompan con la lógica antropocéntrica que tiene nuestro Código Penal (…) estableciendo penas específicas para quienes destruyen los bosques nativos, humedales, glaciares, áreas naturales protegidas, sistemas de cuencas, monumentos naturales y, en general, al mundo animal no humano.
AD JL
